La Fiscalía ha archivado su investigación al exteniente de alcalde de CDC Joaquim Forn y a cuatro técnicos municipales de Barcelona por haber pagado el alquiler del "banco expropiado" okpado de Gràcia, a pesar de reprocharle que diera cobertura a una situación "ilegal, cuando no delictiva".

En un escrito, la Fiscalía de Barcelona descarta responsabilidades penales en el pago del alquiler del local okupado del barrio barcelonés de Gràcia, que el Ayuntamiento sufragó durante cerca de un año, pero aprecia múltiplos "irregularidades" e "incongruencias" en el expediente municipal para la contratación del inmueble.

El ministerio público abrió el año pasado su investigación cuando, después de varios días de disturbios por el desalojo del llamado "banco expropiado", trascendió que el consistorio, cuando era gobernado por Xavier Trias, había pagado 65.500 euros por el alquiler del local okpado a lo largo de un año.

Después de meses de investigación, el ministerio público ha concluido que los responsables municipales no incurrieron en un delito de prevaricación para pagar el alquiler de los okupas, dado que, por el principio de autonomía local, las corporaciones locales "tienen un margen de iniciativa para afrontar (y por lo tanto financiar) servicios atípicos, expresamente contemplados a la ley pero tampoco excluidos, que redunden en beneficio de la comunidad vecinal".

"Es justamente el pluralismo en la concepción de lo que redunda en beneficio o no de una comunidad el que pertenece al ámbito de aquello político y que sólo políticamente tiene que ser dilucidado", añade el ministerio público en su escrito.

No hay malversación

La Fiscalía descarta también el delito de malversación en el pago del arrendamiento del "banco expropiado", porque el destino de aquel dinero "no se puede considerar realizado en beneficio privado".

No obstante, el ministerio público advierte que al pagar el alquiler del local okupado el Ayuntamiento no sólo "proporcionó cobertura a una situación manifiestamente ilegal" sino que, además, las razones y motivaciones que se esgrimieron para documentar la mencionada decisión "no fueron adecuadamente plasmadas en el expediente", que según la Fiscalía peca de "numerosas y flagrantes irregularidades".

Según la opinión del ministerio público, el pago del alquiler del banco expropiado ocultaba "una decisión política sin precedentes, tributaria de la más contundente de la censura", ya que dio amparo a un comportamiento "claramente ilegal, cuando no delictivo, de un grupo indeterminado de personas legitimando, al menos temporalmente, su derecho de posesión sobre el local (...)".

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, censuró el pago del alquiler de la finca por parte de su predecesor porque a su parecer suponía una "mala utilización del dinero público" y criticó que el equipo de Trias lo hiciera "a escondidas".