El gabinete jurídico de la Generalitat trabaja a todo gas para construir el argumentario que presentará al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya contra la decisión, provisional, suspender el decreto que deja las elecciones en stand by hasta la primavera. Pere Aragonès, máximo responsable del Govern y, al mismo tiempo, quien firmó el polémico documento, ha defendido que "no hay ninguna razón para anularlo".
El margen para hacer las alegaciones expira este jueves. Según fuentes del Gobierno, la justificación pivotará sobre tres informes. Uno sanitario, otro jurídico y el último sobre el dispositivo previsto para el día de la votación. Todo un paquete de documentación que no acompañó la firma del decreto y que ahora se quiere aportar al TSJC para que no invalide el aplazamiento electoral. La decisión se conocerá en las próximas horas, una vez| los magistrados hayan comprobado los argumentos de la Generalitat. "Cuando entras en un tribunal no sabes nunca cómo sales", ha razonado Aragonès, que ha añadido que ha visto "cosas tan extrañas a los tribunales en los últimos años que no se puede descartar nada al 100%".
"Confío plenamente en los servicios jurídicos de la Generalitat", ha afirmado Aragonès durante una entrevista telefónica en El món a Rac1. El vicepresident, que es licenciado en derecho, ha defendido que "desde el punto de vista técnico, es correcto". En este sentido ha remarcado que "las expresiones que se utilizan son las mismas que se usaron en el País Vasco y Galicia".
Denuncia intereses políticos
Refiriéndose a los casos vasco y gallego —donde durante la primera ola también suspendieron las elecciones previstas para el 5 de abril, en su caso sin poner nueva fecha—, ha criticado que "si allí no hubo problemas" y aquí sí es porque "hay intereses políticos". Cuando Urkullu y Feijoo firmaron sus respectivos decretos, no hubo ninguna impugnación.
Aragonès ha culpabilizado a los socialistas de la situación, concretamente a su cabeza de lista y ministro de Sanidad, Salvador Illa. "Que alguien quiera forzar por interés electoral que vamos a votar el 14 de febrero lo tenemos que denunciar", ha dicho, y ha cuestionado que Illa esté "dispuesto a aceptar toque de queda a las 20h, pero el 14 de febrero todos a votar".
El miedo y la abstención
El candidato de ERC a las elecciones catalanas ha expuesto que desde el punto de vista logístico está todo preparado para votar el 14 de febrero, pero ha apuntado que el riesgo que comporta hacerlo es que haya una elevada abstención por el miedo de los ciudadanos a ir a votar. Por eso considera que hay que esperar a un escenario epidemiológico más favorable. Y eso, según ha dicho, será en mayo, cuando "la población estará mucho más protegida" gracias a la campaña de vacunación.
En cualquier caso, Aragonès ha concluido que lo que hace falta es poder ir a votar lo anets posible con toda seguridad" y ha reconocido que la fecha "la acabará decidiendo el tribunal".
El procedimiento electoral se ha reanudado para garantizar que si el TSJC lo ordena se pueda votar el 14 de febrero. El vicepresident ha lamentado, sin embargo, que si finalmente se confirma que las elecciones se pueden mover al 30 de mayo, habrá habido toda una serie de gastos que se tendrán que acabar asumiendo.