El lío que ha generado la prórroga de las elecciones catalanas es mayúsculo. A estas alturas, después de la suspensión cautelar del TSJC del decreto que trasladaba las elecciones en primavera, los ciudadanos no saben cuándo tendrán que ir a votar, si en menos de un mes, el 14 de febrero, el 30 de mayo o en alguna otra fecha alternativa. Desde la oposición, que estaba de acuerdo en el aplazamiento de los comicios, critican que el decreto que firmó Pere Aragonès es una chapuza jurídica. El vicepresident se ha plantado y ha pedido comparecer al Parlament para defenderse.

El jefe de filas de ERC se ha confesado "preocupado, perplejo e indignado por la judicialización de la pandemia", así como por "las consecuencias de una decisión que puede comportar que se acaben moviendo más de 5 millones de personas votando en plena ola de la pandemia". Ante la situación de incertidumbre, ha implorado responsabilidad al resto de formaciones políticas. Todas menos el PSC estuvieron de acuerdo con la nueva fecha, pero ahora ponen pegas a cómo se ha justificado jurídicamente el aplazamiento.

El Govern tiene hasta este jueves a las 10 de la mañana para presentar las alegaciones correspondientes al TSJC. Y Aragonès ya ha adelantado que "el Govern batallará hasta el final para hacer las elecciones en mayo", porque tiene "la razón sanitaria". El vicepresident, que es licenciado en derecho, se escuda en el precedente del País Vasco y Galicia, que pospusieron las elecciones "sin problema" con "un mecanismo calcado al que ha utilizado Catalunya y que "nadie cuestionó".

¿Toque de queda a las 20h y elecciones el 14-F?

En pleno debate del conjunto de las comunidades autónomas españolas sobre si hay que adelantar el toque de queda a las ocho de la noche, Aragonès ha razonado que es incompatible restringir todavía más la movilidad mientras se anima a la gente a salir a votar. ¿"Cómo llamamos a la participación si en paralelo hacemos un toque de queda a las 8 de la noche? No me lo puedo imaginar", ha subrayado. El censo electoral para el 14-F es de 5,5 millones y el Govern considera que es un peligro movilizar este volumen de personas en uno de los momentos más complicados de la pandemia. Más cuando, según las estimaciones de Salut, hasta 200.000 personas podrían encontrarse en situación de cuarentena el 14 de febrero.

La obsesión del ejecutivo catalán es aunar la protección de la salud de los ciudadanos y el derecho al voto y desde el punto de vista del vicepresident, además del riesgo de un aumento de contagios, mantener las elecciones para el pico de la tercera ola puede comportar un riesgo de abstención elevada por el miedo de los catalanes de ir a votar e infectarse.

Aprovechando esta reflexión, ha denunciado que el Estado español impone unas medidas "muy laxas" en relación al resto de países europeos.