El president de la Generalitat, Pere Aragonès, se ha mostrado contrario este viernes a reformar el delito de terrorismo en el Código Penal español como vía para tratar de blindar la amnistía, tal como propuso ayer el exlíder de Unidas Podemos en el Congreso y figura clave en las negociaciones para construir el proyecto de ley, Jaume Asens. Aragonès ha manifestado en declaraciones a EFE que esta acción introduciría "más riesgo" a una ley ya asediada por el conservador poder judicial español y con la constitucionalidad de la misma pendiente para ser revisada eventualmente por el Tribunal Constitucional, como previsiblemente pasará si finalmente el texto se aprueba.
El miércoles pasado, después de la fallida votación de la ley de amnistía en el Congreso por el 'No' de Junts, al considerar que el texto no estaba lo bastante blindado y que los jueces todavía podrían imputar delitos de terrorismo y alta traición a los dirigentes independentistas, Asens instó al PSOE y a la formación de Carles Puigdemont a encontrar un "punto intermedio" para superar esta nueva crisis y ruptura de confianzas. Su propuesta es la de modificar el Código Penal español, porque, en su opinión, el delito de terrorismo tipificado "permite muchas interpretaciones" por su definición "ambigua".
El problema no es la ley, es la ofensiva judicial
"Yo creo que nos tendríamos que centrar en cómo lo hacemos dentro del marco de la ley de amnistía" ya redactada, ha valorado Aragonès. Entrar a modificar el delito de terrorismo en el Código Penal, ha advertido el president, "sería introducir más riesgo y con consecuencias no previstas". "El problema no es el delito de terrorismo en el Código Penal, el problema no es el redactado de la ley de amnistía. El problema es el uso arbitrario que están haciendo de la instrucción judicial dos jueces claramente alineados políticamente con la extrema derecha y la derecha española", ha subrayado.
Estos dos jueces de los cuales habla Aragonès son Manuel García-Castellón, el magistrado de la Audiencia Nacional que investiga por supuestos delitos de terrorismo al president Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por las protestas de Tsunami Democràtic después de las sentencias al Procés; y al titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que dictó un auto sobre el caso Volhov en el cual considera que Puigdemont y miembros de su entorno mantuvieron "estrechas relaciones personales" con Rusia.
El texto es "sólido" y no necesita más enmiendas
El presidente Aragonès, por su parte, ha reiterado que el actual texto de amnistía que finalmente no se aprobó en el Congreso por la negativa de Junts es "sólido" y da cobertura a todos los encausados por el Procés. A pesar de los cambios que reclama incorporar Junts para evitar posibles interpretaciones restrictivas de los jueces, según Aragonès la proposición actual de ley de amnistía "no necesita ninguna enmienda" más. Con todo, mientras haya margen de tiempo, "siempre se puede explorar si hay algún tipo de mejora o de redactado diferente que permita que el acuerdo que no fue posible el martes sea posible más adelante", ha concluido.