Recién aterrizado del viaje a la América Latina, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acusado a las instituciones españolas "de ocultación deliberada" de los casos de espionaje a independentistas revelado por el informe de Citizen Lab. ¿"Por qué? ¿Quién lo ordenó? ¿Qué información se buscaba?", se ha preguntado Aragonès en la comisión Pegasus que se encuentra en Madrid, donde ha denunciado la inacción del Estado recordando que "nadie" se ha puesto en contacto con él como investigado con este software. "Espiar ciudadanos y representantes sin motivo alguno es un ataque a la ciudadanía, al mismo estado democrático. Un estado democrático no espía la ciudadanía, no escucha conversaciones de los que piensan diferente", se ha quejado el presidente catalán este martes desde la sede en Madrid del Parlamento Europeo, donde ha añadido que "alguien se piensa que la unidad de España está por encima de los derechos fundamentales" además de constatar que se trata de "un episodio más represión y guerra sucia". Aragonès ha chocado con las consideraciones del eurodiputado del PP, Juan Ignacio Zoido, que ha afirmado que en el Estado "no se persiguen ideologías, sino la comisión de delitos".
El presidente ha pedido a los nueve eurodiputados que conforman el comité Pegasus que "no dejen impune" el caso de espionaje que están investigando. "Necesitamos que se haga justicia. Si queda impune, las dudas sobre las prácticas democráticas del Estado no pararán de crecer", ha reclamado Aragonès al lado de la consellera de Exteriores, Meritxell Serret, y el concejal en Barcelona Ernest Maragall. "Alguien se piensa que la unidad de España está por encima de los derechos fundamentales, Nosotros creemos que los derechos fundamentales están por encima de todo", ha dicho Aragonès este martes desde la sede en Madrid del Parlamento Europeo.
El vía crucis de la justicia
Los independentistas, que consideran insuficientes las explicaciones dadas por las autoridades españolas, han lamentado que las querellas que han presentado por el espionaje estén atascadas en los juzgados. "Tenemos el derecho a que el sistema judicial se tome seriamente el espionaje", ha dicho Aragonès recordando que presentó la denuncia el julio pasado y todavía no ha sido admitida a trámite. "Todavía estamos esperando una respuesta. No se ha ordenado ningún diligencia de investigación".
Preguntado por los eurodiputados sobre las pruebas que tienen para verificar el espionaje, Aragonès ha asegurado que "no necesito más evidencias técnicas porque el CNI ha reconocido que me ha espiado". "Lo que necesitamos son mecanismos de garantía que no existen; la imparcialidad no está garantizada", ha explicado el presidente de la Generalitat avisando en la misión de que habría que desplegar un marco regulatorio en territorio europeo para poner límites al uso de Pegasus.
Los otros dos investigados, Meritxell Serret y Ernest Maragall, han apuntalado el discurso de Pere Aragonès. "Es otra forma de represión para defender un proyecto político", ha arrancado a la consellera de Exteriores, que ha recordado que le infectaron el móvil cuando era delegada de la Generalitat en Bruselas. Serret ha denunciado el abandono de las víctimas en este caso de espionaje masivo por parte del Gobierno. "Las autoridades españolas han arrastrado los pies (...) Las víctimas han sido abandonadas, sin defensa y sin protección", ha compartido Serret.
Enseguida Maragall ha remarcado "el carácter político" del espionaje, que ha considerado "ilegal". El candidato de ERC a Barcelona, que fue eurodiputado, ha denunciado "el silencio clamoroso del Estado español" y, para él, "los silencios son la máxima expresión de la responsabilidad". Según Maragall, "el espionaje niega el carácter de sujeto político de Catalunya como país, como cultura y como nacionalidad reconocida por la Constitución española".
Aragonès se enfrenta con Zoido
El exministro del Interior y actual eurodiputado del PP, Juan Ignacio Zoido, ha intentado enmendar la totalidad del relato de los independentistas poniendo sobre la mesa el caso Volhov y una investigación policial contra los Comités de Defensa de la República (CDR). Ha pedido explicaciones. Zoido ha acabado la intervención que este lunes dejó a medias. "Niego la mayor. España es un estado de derecho, una democracia fuerte. Aquí no se persigue aquel que piensa diferente. Todas las ideologías están permitidas, lo que no está permitido es la comisión de delitos", ha remachado el exministro, que ha hecho el mismo análisis que el eurodiputado socialista, Iban García. En este punto Aragonès ha replicado que "no tiene constancia" que lo investiguen por ningún hecho delictivo "a menos que el delito sea ser el presidente de la Generalitat y perseguir la independencia por vías legales".
En el turno de preguntas del comité, la eurodiputada de The Left, Anne Sophie Pelletier, ha constatado los obstáculos que ha tenido que superar la misión europea para venir hasta Madrid. "Estamos teniendo una misión muy difícil. Nunca había sido así. Ha sido difícil venir, ha sido dificil cerrar la planificación. Siento mucho lo que han vivido Ustedes", ha lamentado Pelletier dirigiéndose a los tres representantes catalanes. En la misión este martes ha vuelto a hacer novillos el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, que tampoco asistió a la reunión con los diputados catalanes de la comisión del Catalangate. Sí que ha presenciado el resto de reuniones.