"Hay un problema muy serio en la función pública, sobre todo en los ayuntamientos, muchos no cumplen las exigencias en los nombramientos", ha alertado hoy el director de la Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, durante la presentación de la memoria 2021 de la entidad ante la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament. Ha expuesto que Antifrau ha recibido un total de 430 denuncias, cifra récord desde que se puso en funcionamiento la institución, en el 2009. Son: 291 casos recibidos al buzón anónimo de denuncias, 69 de particulares, 34 de representantes de grupos políticos, 14 de funcionarios o trabajadores públicos, 11 anónimas sin usar el buzón, 6 de sindicatos, 1 por otros organismos, 4 de iniciativa propia. Gimeno ha avanzado que el ritmo de denuncias sigue siendo elevado y este año ya llevan 205, una treintena más que en el mismo periodo del año pasado.
Gimeno ha pedido a los grupos parlamentarios que actualicen la ley de la Oficina Antifrau, a fin de que su gestión investigadora no quede en papel mojado, aparte de su actuación preventiva. "El problema de la Oficina es que cuando informa de un expediente razonado, la mayoría se cumple, pero la administración no está obligada. Cuando acabamos un expediente, hace falta un resultado, que tenga un cumplimiento o que la institución nos diga que lo rechaza para que así se pueda ir al ámbito jurisdiccional, al contencioso-administrativo", ha declarado el director. Gimeno ha añadido: "Hay una falta de control político en muchas administraciones", cuando la Oficina alerta de irregularidades y que hacen falta cambios. En relación con las instituciones estatutarias, Gimeno ha desvelado en el Parlament que la Sindicatura de Cuentas y la Sindicatura de Greuges denegaron a Antifrau una investigación sobre su funcionamiento.
Cifras
"La prioridad de la Oficina es ayudar y colaborar con las administraciones públicas, y si hace falta, después, fiscalizar o derivar casos a la fiscalía o a la institución que toque", ha insistido el director de Antifraude, que ha detallado que 3.119 personas han participado en formación realizada por el ente, como los planes de integridad, y ha puesto el ejemplo del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú.
En la memoria se detalla que se ha hecho el estudio de verosimilitud de 441 expedientes, el 18% ha dado lugar al inicio de actuaciones de investigación, y el 81% se ha archivado. Antifrau detalla que ha cerrado 60 actuaciones de investigación (hay 8 actuaciones de colaboración institucional) y 2 más han sido interrumpidas porque eran los mismos casos investigados en procedimientos judiciales. Además, cinco expedientes se han comunicado en la fiscalía.
Antifrau también ha hecho once comunicaciones a autoridades administrativas para que iniciaran procedimientos de resarcimiento administrativos o lo que corresponda: 4 a Inspección de Trabajo de la Generalitat, 2 en el Tribunal de Cuentas, 2 a la Autoridad Catalana de la Competencia y 3 a entidades locales responsables del control y la supervisión de los entes. Actualmente, la Oficina Antifrau informa de que tiene 305 actuaciones en curso pendiente de resolver. Y, de un total de 99 denuncias no admitidas porque no eran competencia suya, en 33 casos se ha derivado a los Mossos de Esquadra, como denuncias de tráfico. En este sentido, Gimeno ha expresado que quizás falta mayor información por parte de las otras administraciones sobre sus canales hacia la ciudadanía. Con respecto a la Oficina, ha admitido que tienen que ser "más ágiles en las respuestas", y que el volumen de denuncias "muestran que Antifrau ha recuperado la confianza de la ciudadanía".
Next Generation
Con respecto a los Fondos Next Genertion, Gimeno ha explicado la guía hecha por Antifrau y que la mayoría de administraciones ha fijado medidas de garantías por la exigencia de la Unión Europea y ha pedido que este control "se realice con todos los fondos públicos en Catalunya". Gimeno también ha expuesto que la Oficina ultima un estudio sobre las empresas y entidades que trabajan con la administración pública.