Aunque la covid empieza a parecer, lentamente, cosa del pasado y nos adentramos de nuevo en la nueva normalidad, sin casi restricciones, la realidad hace dos años era bien diferente. Entonces, ya se habían empezado a detectar los primeros casos por el Estado, pero todavía predominaba el discurso de "es como una gripe" cuando faltaban tres semanas para la declaración del estado de alarma. A partir de aquel 13 de marzo, ante una enfermedad desconocida, sin casi información, cuando no se sabía cómo nos contagiábamos y con los hospitales que se llenaban cada día de pacientes hasta saturarse, las autoridades "respondieron con medidas extraordinarias para frenar la expansión de la covid y garantizar la capacidad del sistema sanitario de ofrecer una respuesta adecuada". Así lo detalla la oficina Antifrau en un informe publicado hoy por su investigación sobre presuntas irregularidades en la cadena de distribución y venta de productos sanitarios esenciales durante el comienzo de la crisis sanitaria, por las cuales ahora pide explicaciones al departamento de Economía y al Instituto Català de la Salut (ICS).
La misma oficina publicaba el 24 de abril del 2020 un documento para prevenir riesgos en lo que ya alertaba que en situaciones de emergencia, como la que se vivía entonces, el riesgo de fraude, corrupción y despilfarro de recursos públicos, se incrementa. En este contexto, días antes ya había empezado a investigar presuntas irregularidades, identificando una compra masiva de material sanitario por parte del ICS por un importe de más de 60 millones de euros en la empresa Basic Devices, S.L. Entonces, en relación en esta compra los medios se hacían eco que el Govern había presentado una denuncia delante de los Mossos por una posible estafa.
Los hechos investigados
Concretamente, el 19 de marzo de 2020, el ICS contrata por emergencia esta empresa el aprovisionamiento de material sanitario por un importe de 60.580.162,50 €. Este incluía 2.000 mascarillas FFP2, 2.000 de quirúrgicas,50 respiradores pediátricos y adultos, entre otros productos. Al día siguiente, el 20 de marzo, el Departament de la Vicepresidència y de Economia y Hisenda hacía efectivo un pago anticipado de más de la mitad del total del importe, 35 millones de euros. Horas después, sin embargo, responsables de la conselleria presentaban una denuncia delante de los Mossos por una "tentativa de estafa". Tres días después, el 23 de marzo, las mismas personas que formularon la denuncia declaran delante de los Mossos su voluntad de desistir, ya que consideraban que la empresa ya les había aportado bastante información. El 5 de mayo, el ICS modificó el contrato por las necesidades del contexto y el importe se redujo a los 35 millones que ya se habían pagado. Finalmente, más de medio año después, el 3 de diciembre, el ICS manifiesta que los materiales contratados fueron íntegramente entregados.
Falta información y transparència
Una vez establecido e investigados los hechos, Antifrau ha enviado los informes al conseller de Economía y Hacienda y la directora gerente del ICS para que, en los próximos 30 días, informen sobre las medidas relacionadas con estas irregularidades. En estos documentos, la oficina tiene en cuenta la "situación de extrema necesidad de aprovisionamiento de material sanitario de protección personal en los momentos iniciales de la pandemia" pero también se formulan un conjunto de apreciaciones, entre ellas la falta de información sobre el origen y los contactos preliminares con la empresa Basic Devices, concluyendo que "las consultas preliminares al encargo de emergencia realizado en Basic Devices, SL, no han sido ni esclarecedoras ni transparentes". Estas carencias informativas iniciales, apunta, "desactivaron cualquier mecanismo de prevención, detección y solución de conflictos de interés o de lucha contra la corrupción".
Además, la Oficina también alerta de una posible situación de prohibición de contratar a la empresa, ya que esta no se encontraba inscrita como tal en el sistema de la Seguridad Social. Eso podía suponer un incumplimiento del Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones públicas, que establece la obligación que las empresas licitadoras tienen que estar inscritas al sistema. Si eso se confirma, "nos encontraríamos delante de un contrato nulo", remarcan.
Temeridad
El otro elemento en que se fija Antifrau es la inexistencia de cobertura legal para el abono anticipado de la prestación, ya que, técnicamente, el abono anticipado de 35.000.000,20 € efectuado el 20 de marzo de 2020 se realizó sin amparo legal: el artículo 16 del Real decreto ley 7/2020, de 12 de marzo, por el cual se adoptan medidas urgentes, no habilitó a hacer abonos anticipados en el marco de la tramitación de emergencia. Tampoco el Acuerdo del Govern de la Generalitat del 12/03/2020, por el cual se declara de emergencia la contratación de suministros y de servicios en el marco de la estrategia de respuesta a la pandemia. "El orden de pago del importe se hizo sin que se acreditara ninguna garantía, ni que fuera básica o precaria, por parte de la empresa contratista; cuando menos, esta Oficina Antifrau no la conoce. A pesar de las condiciones extremas en que se llevó a cabo el encargo de emergencia y la orden de pago anticipado, este último tiene que ser calificado por esta Oficina como un acto de temeridad, que supuso tener que asumir un riesgo no controlado," explica el organismo en sus informes.
Finalmente, también advierten de una inadecuada utilización del desistimiento y de la modificación del contrato por parte del ICS.