La Fiscalía Anticorrupción pide 7 años y 10 meses de prisión y el pago de una multa de 284.000 euros para el exconsejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, mientras que al exgerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, le reclama 3 años y 6 meses de prisión, al considerar que son los máximos responsables de la presunta caja 'b' del PP en la comunidad. A ambos se les atribuye un presunto delito electoral en su modalidad de falseamiento de cuentas, y a Granados, además, también se le atribuye el delito de prevaricación y tráfico de influencias en concurso con malversación. Además, el ministerio público solicita la declaración como testigo al juicio de la expresidenta Esperanza Aguirre. En el escrito de acusación no solo pide el testigo de Aguirre, sino que solicita que tanto ella como el también expresidente madrileño, Ignacio González, sean considerados como partícipes a título lucrativo, Aguirre en la cuantía de 26.000 euros y González de 28.293,22 euros.
Una década después de que estallara la operación Púnica, de los 79 imputados por presunta financiación irregular del PP de Madrid entre 2007 y 2011, el magistrado solo vio indicios para sentar en el banquillo a ocho. Los delitos de falsedad electoral vinculados a las elecciones autonómicas de 2007 y 2008 estarían prescritos, por lo que solo se juzgará lo relativo a 2011.
Gastos de la campaña electoral
Anticorrupción considera que Granados y Gutiérrez aprovecharon sus cargos orgánicos dentro del partido regional y "conocedores que en mayo de 2011 correspondía a la celebración de las elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid y que iban a ser designados como director de la campaña y administrador electoral de la misma respectivamente". Así pues, la Fiscalía concluye que se reunieron, puesto que ya lo habían hecho en anteriores campañas "buscar, localizar y tratar con compañías de publicidad afines a las cuales encargar actos electorales que serían abonados al margen de los procedimientos regulados de conformidad con la normativa del proceso electoral" y posteriormente "ocultados a la cámara de Madrid". El ministerio público apunta que Granados empezó a organizar los actos desde al menos principios de septiembre de 2010, por lo tanto, el 8 de noviembre de 2010, Granados adjudicó la principal ejecución material de la campaña a la compañía El Laboratorio de Almagro 36, S.L, así como hablando con su responsable, María Luisa de Madariaga, hacer la campaña y la "manera cómo se tendría que facturar por parte de su empresa, así como a qué persona jurídica".
El escrito recuerda que las elecciones fueron convocadas por Esperanza Aguirre, abriéndose "el denominado periodo electoral que, a efectos económicos, supone la aplicación de los límites de gasto electoral previstos, tanto en la Ley orgánica Electoral General como en la ley Electoral de la Comunidad de Madrid". Anticorrupción apunta que el principal responsable de esta campaña fue Granados, e igual que en las anteriores, el encargado de los fondos a título de gerente de la campaña fueron para Beltrán, que fue designado ante la Junta Electoral Provincial como administrador electoral. La Fiscalía destaca que el organigrama principal se dividía en múltiples responsables de cuestiones sectoriales, entre los cuales destaca al responsable de campañas locales y actos públicos, Borja Sarasola y, en las elecciones autonómicas del 2007, a la responsable de los medios de comunicación, Isabel Gallego. En su escrito, la Fiscalía detalla una serie de ingresos y gastos y relata que, "a efectos de dar cumplimiento a la normativa electoral, Beltrán Gutiérrez, en su condición de administrador electoral y con conocimiento del también acusado, director de la campaña, presentó escrito ante el registro de la Cámara de Cuentas de Madrid el día 23 de septiembre de 2011, por el cual presentaba la documentación comprensiva de la contabilidad de la campaña electoral del citado partido, todavía sabiendo que la información presentada no respondía a la realidad global de los costes". Y eso era así, apunta Anticorrupción, en tanto que "el total del coste declarado fue de 2.986.62489 euros, remitiéndose como adjunto al escrito la información contable oficial del Partido Popular de Madrid en que se basaba y justificaba tal cifra".
Dinero en efectivo
La Fiscalía relata que la cuantía declarada era muy inferior a la real, porque por parte de los acusados se autorizaron gastos electorales que no fueron declarados en la Cámara de Cuentas, ni se pagaron a través de la cuenta de la campaña, y la "contabilidad presentada delante del órgano fiscalizador no respondía a la realidad de lo sucedido". Según explica el escrito para poder ejecutar el plan era necesario contar con empresarios próximos que "realizando el servicio, posteriormente lo facturaran bajo otros conceptos y, desde la perspectiva de los ingresos y gastos, se hacía necesario, por una parte, utilizar fuentes de captación de recursos, bien opacas, bien alterando el destino declarado y, por otra, trasladar estos recursos a los prestadores de los servicios, bien en metálico, bien a través de las facturas alteradas".
La Fiscalía argumenta que "la principal fuente irregular de captación de recursos fue a través de aportaciones de dinero en efectivo que le eran entregadas, directamente o indirectamente, a Granados". "Una vez entregadas, él mismo registraba los pagos de manera manuscrita en una libreta negra, y después, lo descontaba de las cantidades una cuantía que retenía para él mismo o para terceras personas ajenas al partido y, el resto, lo hacía llegar a Gutiérrez, que se encargaba de hacer los pagos en efectivo que no deseaban hacer constar ante la Cámara de Cuentas", explica.