Andorra se reafirma en su apuesta para potenciar el catalán. Unas 3.000 personas tendrán que demostrar conocimientos de la lengua mediante un curso de 30 horas —en formato entrevista y no como prueba escrita— para renovar su permiso de residencia y trabajo en Andorra de cara al año 2024. Así lo ha manifestado este miércoles la ministra andorrana de Cultura, Juventud y Deportes, Mònica Bonell, durante la presentación del proyecto de ley de la lengua oficial, un trabajo que sustituirá la ley de 1999 y que el gobierno andorrano tiene la intención de que entre en vigor a lo largo del próximo año. La obligación de superar el curso, sin embargo, solo se pedirá en la primera renovación de los residentes con un permiso de residencia y trabajo. Más adelante, ha apuntado a la ministra andorrana, se estudiará la posibilidad de incluir otros modelos de residencia.
Los youtubers no tendrán que saber hablar catalán
Ya lo insinuó el primer ministro de Andorra, Xavier Espot, pero ahora se confirma. En el caso de los creadores de contenido, conocidos popularmente como youtubers, que disfrutan de permisos de residencia y trabajo por cuenta propia, "no hemos previsto que tengan que superar esta prueba de nivel básico", aunque "eso no quiere decir que en un futuro o en comisión también se pueda acabar incluyendo este grupo de permisos" en la ley, ha explicado la ministra. Los trabajadores temporeros también estarán exentos en un inicio. El principal cambio que incorpora la ley, por lo tanto, será que los obligados tendrán que acreditar nociones básicas de la lengua para obtener la primera renovación del permiso", aunque será un reglamento posterior el que fije los requisitos concretos. Además, también se establecerá la obligación de que el saludo inicial de cara al público sea en la lengua oficial y habrá que conocer el vocabulario básico de cada profesión.
Desde el ejecutivo, Bonell ha asegurado: "Estamos convencidos de que esta medida no impedirá que nadie en razón de lengua pueda venir a Andorra, sino que facilitaremos el aprendizaje cuando estén en el país". Otras obligaciones también exigirán disponer de intérpretes en las resoluciones alternativas de conflictos, introducir referencias al catalán en la lengua de signos e iniciar "una modernización del lenguaje administrativo". La ley también establecerá un régimen sancionador cuando se detecten posibles incumplimientos. En este sentido, la ministra ha reconocido que el 80% de las quejas recibidas en el ministerio y en el Servicio de Política Lingüística provienen del sector del comercio, por lo cual este nuevo texto les da "más potestad" para abrir expedientes sancionadores.
Con el fin de dar respuesta a las solicitudes de residentes para aprender el catalán, la ministra andorrana ha anunciado la creación de cuatro nuevas plazas de docentes. De hecho, ha adelantado que a estas alturas, seguramente por el efecto llamada que ha tenido la noticia los últimos días, hay en torno a unas 700 personas en lista de espera en los cursos de catalán a las cuales se espera "dar solución a lo largo de este año". La ley se verá completada con la creación de una junta de coordinación sobre lengua y formación, la cual tendrá la función de coordinar y armonizar el uso de la lengua en todos los ámbitos, y el Consell Nacional per la Llengua, un organismo con una orientación más política que buscará dar voz a todo el mundo y elaborará el plan nacional de la lengua.