El Catalangate fue el escándalo de espionaje más grande del mundo, pero no tuvo muchas consecuencias políticas para el gobierno de Pedro Sánchez, durante el cual se infectó el teléfono de 65 independentistas, entre ellos dirigentes políticos, sus familiares y activistas. Desde las entidades independentistas, sin embargo, se sigue denunciando esta cuestión, y más de cuatro años después de que estallara la polémica por el espionaje telefónico, la Assemblea Nacional Catalana y la Organización de Naciones y Pueblos no Representados (UNPO) han denunciado ante la Organización de las Naciones Unidas la inacción del Gobierno ante este escándalo. En 2022 las dos entidades ya llevaron los hechos a este organismo y tres relatores especiales (el de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, el de la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y expresión y el de cuestiones de minorías) expresaron su preocupación en una dura comunicación.
En aquel momento, el Estado respondió que la vigilancia a los líderes independentistas y su entorno se había llevado a cabo "de acuerdo con la legislación interna" y que el marco constitucional español proporcionaba "garantías suficientes". Ahora bien, cuatro años después, las víctimas del espionaje, que siguen batallando en los tribunales, "no han obtenido ninguna reparación efectiva, no se han exigido responsabilidades y las graves acusaciones de vigilancia ilegal siguen sin resolverse", denuncia la entidad presidida por Josep Vila, relevo de Lluís Llach. "El Estado español tampoco ha aplicado las recomendaciones formuladas por el comité de investigación del Parlament Europeu ni abordó de manera significativa el escándalo de espionaje durante el Examen Periódico Universal de 2025", insisten, argumentando que el hecho de que la justicia española haya fragmentado todos los procedimientos en lugar de unificarlos "ha vulnerado el derecho de las víctimas a una reparación efectiva, como también lo ha hecho el fracaso sistemático en la tramitación de las Órdenes Europeas de Investigación".
Las peticiones de la Assemblea y la UPNO
Por todo ello, las dos entidades piden a los relatores de la ONU una "declaración pública conjunta y una nueva carta de alegaciones dirigida al Estado español para solicitar información adicional, y también que lleven a cabo una visita oficial al país". En cuanto a las autoridades españolas, les reclaman que hagan públicas las autorizaciones judiciales del Centro Nacional de Inteligencia "sin recortar", reformar el marco legal que regula el ente y garantizar que las víctimas del espionaje "tengan acceso a la información, el reconocimiento de las vulneraciones de sus derechos y garantías de no repetición".