La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha denunciado la “subordinación” de los partidos políticos “al marco mental y político español”, coincidiendo con el octavo aniversario del referéndum del 1 de octubre. Según el manifiesto de la entidad, hecho público con motivo de la conmemoración, “representan justamente lo contrario al espíritu del 1-O. La regeneración democrática no vendrá de ellos, sino de la construcción de estructuras de poder popular directo, asambleario y transformador”.

El texto también dirige críticas al Govern, a quien acusa de mantener “un falso relato de normalidad” mientras “el golpe de Estado judicial continúa actuando”. Por este motivo, la ANC defiende que “la estrategia de la ANC es inaplazable: ejercer de contrapoder organizado y arrastrar a las instituciones hacia la voluntad del pueblo”. En el manifiesto, recuerdan que el referéndum del 1 de octubre de 2017 fue “el acto de desobediencia civil colectivo más importante” y que “nadie podrá borrar la realidad vivida”. Subrayan que aquel día “no solo se votó” sino que también se mostró al mundo “la madurez democrática” de la ciudadanía. La entidad reitera que el supuesto “relato de normalidad” que atribuye al Gobierno es “falso” y pone como ejemplos la no aplicación de la amnistía a los represaliados del 23-S o la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el catalán en las escuelas.

Ante esto, la ANC hace un llamamiento a “encontrar las herramientas necesarias” para situar de nuevo la independencia en el centro de la acción política, sobre todo por parte de aquellos partidos “que aún se autodenominan independentistas”. El manifiesto concluye recordando que “ante la razón de la fuerza de un Estado anclado en el pasado, continuaremos respondiendo con la fuerza de la razón y con desobediencia colectiva, tantas veces como haga falta, también como hicimos hace ocho años. Tenemos más motivos que nunca”.

Además, hace poco más de dos meses, la ANC calificó de “un año de españolización institucional y simbólica” el primer año de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. La entidad presidida por Lluís Llach lamentó entonces la “presencia reiterada” del rey Felipe VI, la “sumisión judicial”, la “centralización” universitaria y una acción exterior “orientada a normalizar el conflicto” político. También denunció que los compromisos derivados del acuerdo de investidura entre PSC y ERC permanecían “incompletos”, especialmente en lo que se refiere a la financiación singular, que, según la Asamblea, “mantiene el expolio fiscal e ignora el principio de ordinalidad”.