Un caso paradójico de la ley de amnistía. Paula Garcia, la joven que estuvo diez días en prisión preventiva por haber participado en las protestas de Urquinaona de 2019 contra la sentencia del Supremo a los líderes independentistas, finalmente ha sido amnistiada a pesar de que ella no lo quería. ¿Por qué? Garcia —que con 23 años estuvo en la prisión de Wad Ras, junto con Xènia, amnistiada, y Dren, absuelto— quería ser juzgada y demostrar su inocencia y a la vez denunciar las vejaciones que sufrió por parte de los 13 agentes de la policía española que la detuvieron, según su abogada Norma Pedemonte, y reclamar responsabilidades al Estado español. Alerta Solidària ha hecho pública la resolución de Garcia este miércoles para denunciar "la aplicación desigual" de la norma. Actualmente, hay unos ochenta activistas y manifestantes pendientes de ser amnistiados, a pesar de que la ley lleva más de dos años en vigor, según el recuento de la formación.
La Fiscalía, que pedía dos años de prisión para Paula Garcia por el delito de desórdenes públicos con el agravante de llevar objetos peligrosos, pidió detener el juicio cuando ya estaba señalado en febrero de 2025 para estudiar si se le tenía que aplicar la amnistía. Al final, la magistrada del juzgado Penal 8 de Barcelona ha declarado la extinción de la responsabilidad penal a Paula Garcia, en una resolución de finales de julio pasado. En el auto, al que ha tenido acceso ElNacional.cat, la jueza indica que por el delito que era acusada le es "aplicable" la ley 1/2024 porque era en defensa del procés independentista y porque no causó daños, cuando —según la Fiscalía— supuestamente lanzaba piedras y objetos, junto con otras personas no identificadas. En el relato acusatorio se añadía que ningún objeto impactó en ningún agente ni en los furgones policiales que estaban en la calle Jonqueres.
Policías amnistiados
Paralelamente, el pasado mayo, la titular del juzgado de instrucción 30 de Barcelona acordó aplicar la ley de amnistía para los 13 agentes de la policía española que participaron en la detención de Paula Garcia, el 18 de octubre de 2019. Garcia denunció que sufrió vejaciones durante su detención, en Via Laietana y en la Verneda: humillación y amenazas por parte de agentes. Además, estuvo trece horas aislada sin que la policía lo comunicara al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, com es procedente.
La magistrada Zita Hernández archivó la causa contra los policías, acusados por Garcia de los delitos de detención ilegal, amenazas y contra la integridad moral, al asegurar que "no hay indicios suficientes de su comisión", en los dos primeros delitos. En cuanto al delito contra la integridad moral, la instructora aseguró que no hay ninguna acción denunciada que "supere el umbral de gravedad", extremo que la norma del olvido penal obliga a excluir de la amnistía. En la resolución, la magistrada asegura que Garcia "no sufrió graves secuelas físicas y psíquicas", según el atestado médico, a pesar de que expresó "miedo y angustia por lo vivido". La abogada de Garcia presentó recurso contra la amnistía de los agentes y aún espera la respuesta de la jueza.