La prohibición generalizada de las concentraciones y manifestaciones con motivo del 8-M en Madrid es una limitación "desproporcionada" del derecho de reunión pacífica. Esta es la opinión de Amnistía Internacional después del anuncio de la Delegación de Gobierno de Madrid de no permitir los 104 acontecimientos de este tipo previstos para los días 7 y 8 de marzo aduciendo, principalmente, motivos de salud pública.

La ONG admite que el Derecho Internacional de los derechos humanos reconoce en el argumento de la salud un motivo para limitar manifestaciones, pero subraya que, en todo caso, se tiene que hacer un análisis "caso por caso", previendo medidas para prevenir contagios, "sin necesidad de prohibir la manifestación en su totalidad".

A opinión de Amnistía Internacional, las prohibiciones de manifestaciones o protestas públicas "tienen que ser una opción de último recurso y solo basada en una necesidad urgente", ha indicado el director de la entidad, Esteban Beltrán.

La ONG no cuestiona las restricciones en el ejercicio del derecho a la libertad de circulación en estos momentos de pandemia, pero recuerda que cualquier medida que recorte libertades y derechos humanos "tiene que cumplir estrictamente con el criterio de proporcionalidad y necesidad". También advierte que la prohibición general de manifestaciones es "contraria al derecho de reunión pacífica".

La Comisión 8-M y los sindicatos recurren la prohibición

Esta misma mañana, la Comisión del 8-M y los sindicatos han presentado a una batería de recursos contra la prohibición de las manifestaciones a Madrid. Los primeros a anunciarlo han sido los principales sindicatos, pero después se ha sumado también la Comisión 8-M, que ha pedido la dimisión del delegado José Manuel Franco. Por su parte, la vicepresidenta española Carmen Calvo ha justificado el veto porque "pueden significar alguna posibilidad de estar en riesgo". Unidas Podemos también ha acatado la prohibición con resignación.

En rueda de prensa este viernes por la mañana, los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT han anunciado el recurso contra la prohibición, porque sostienen que las manifestaciones en la capital española pueden hacerse "con la máxima seguridad y en grupos reducidos". Además, los representantes sindicales han denunciado que esta prohibición se ha llevado a cabo "de manera irregular".