La decisión del Gobierno de alargar hasta el 8 de junio de 2030 la actividad de los dos reactores de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, ha tardado muy poco en traspasar las fronteras de Extremadura. En Catalunya, donde el calendario actual prevé empezar a apagar los reactores de Ascó a partir de 2030 y cerrar Vandellòs II en 2035, los municipios nucleares interpretan la prórroga como una puerta que se acaba de abrir. Los ecologistas, en cambio, ven exactamente lo contrario: una grieta en el calendario de cierre nuclear pactado hace siete años. El Gobierno español ha autorizado que Almaraz I y II continúen funcionando hasta junio de 2030, después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera en julio un informe favorable, con condiciones, en el que acreditaba que las instalaciones mantenían un nivel adecuado de seguridad para continuar operando. Hasta este viernes, los dos reactores debían cerrar en noviembre de 2027 y octubre de 2028.
El ejecutivo de Pedro Sánchez defiende que se trata de una extensión "acotada y limitada", justificada por la volatilidad de los mercados energéticos, especialmente del precio del gas, e insiste en que no altera el compromiso general de completar el cierre del parque nuclear español en 2035. Pero políticamente es muy difícil que Almaraz quede confinada a Almaraz. La decisión también abre una crisis en la coalición de gobierno entre el PSOE y Sumar, pero ha sido acogida con gran satisfacción por Foment del Treball, que también ha pedido que se apliquen los mismos criterios para las centrales catalanas de Ascó y Vandellòs.
Ascó y Vandellòs ven un precedente
La alcaldesa de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Assumpció Castellví, y el alcalde de Ascó, Miquel Àngel Ribes, han celebrado la decisión porque consideran que refuerza los argumentos para revisar también el calendario de las nucleares catalanas. Actualmente, está previsto que Ascó I cierre en octubre de 2030, Ascó II en septiembre de 2032 y Vandellòs II en febrero de 2035. Son tres de los siete reactores que continúan operativos en España. Para los alcaldes de los municipios nucleares, el cambio de criterio con Almaraz demuestra que las fechas no son intocables. Castellví introduce, además, un argumento práctico: desmantelar una central nuclear es una operación extraordinariamente compleja que necesita personal altamente especializado, equipamientos y recursos durante años. Si varios reactores cierran en un período muy corto, sostiene, puede resultar difícil disponer simultáneamente de toda la estructura técnica necesaria. "Desmantelar una nuclear implica estructura, material y personal técnico; no pueden cerrarlas todas a la vez", ha defendido la alcaldesa en declaraciones a la ACN. Ribes, sin embargo, ha remarcado que la decisión publicada en el BOE sobre Almaraz no modifica este calendario y que, por lo tanto, los municipios catalanes continúan "a la expectativa". "Hay mucho trabajo todavía por hacer, pero sí que es verdad que ha allanado el camino", ha señalado el alcalde de Ascó, que defiende que "las mismas razones que han servido para Almaraz tienen que servir para aquí".
Los dos alcaldes coinciden en uno de los argumentos centrales del debate: Catalunya continúa dependiendo en gran medida de la energía nuclear y, a estas alturas, las renovables no generan suficiente electricidad para sustituirla completamente. Castellví considera que, en estas circunstancias, mantener el calendario de cierre era cada vez más difícil. "Les resultaba más difícil mantener el cierre que no alargarla, que es de sentido común", ha afirmado. Ribes añade dos argumentos más: la soberanía energética y la necesidad de continuar reduciendo las emisiones de CO₂. A su parecer, prescindir ahora de las nucleares obligaría a cubrir parte de la demanda con otras fuentes energéticas y podría aumentar la dependencia exterior.
Castellví sitúa también el debate en el contexto internacional. La crisis energética derivada de las guerras en Oriente Medio, afirma, refuerza la necesidad de garantizar una producción propia y estable de electricidad. Para los dos responsables municipales, la continuidad de las centrales debería decidirse con criterios técnicos y no políticos. Tanto Ribes como Castellví sostienen que Ascó y Vandellòs son instalaciones seguras y que, si los organismos reguladores avalan su funcionamiento, pueden continuar operando más allá de las fechas actualmente fijadas.
¿Qué ha cambiado realmente con Almaraz?
La decisión del Gobierno español es importante porque modifica por primera vez una de las fechas concretas del calendario de cierre pactado en 2019. Aquel acuerdo preveía una desaparición progresiva de la energía nuclear entre 2027 y 2035. España tiene actualmente cinco centrales nucleares con siete reactores, que producen aproximadamente una quinta parte de la electricidad del país. Almaraz debía ser la primera en empezar el proceso. Ahora ya no lo será en las fechas previstas. Sus propietarios —Iberdrola, Endesa y Naturgy— pidieron formalmente el pasado octubre poder mantener los dos reactores hasta 2030. El Consejo de Seguridad Nuclear concluyó el 16 de julio que, con las condiciones impuestas por el regulador, la planta podía seguir funcionando con garantías de seguridad. Los ingenieros también dieron luz verde. El Gobierno ha añadido un argumento energético: mantener Almaraz unos años más permite reducir la dependencia de las centrales de gas en un momento de fuerte inestabilidad internacional. Según los cálculos oficiales, la prórroga reduciría aproximadamente un 7% la generación prevista con ciclos combinados de gas, mientras que el impacto sobre la generación renovable sería mucho menor. Es, precisamente, este razonamiento el que preocupa a los partidarios del cierre nuclear: si sirve para Almaraz, ¿por qué no debería servir después para Ascó, Cofrentes, Vandellòs o Trillo?
Greenpeace: "Un error histórico"
La reacción de Greenpeace ha sido diametralmente opuesta a la de los alcaldes nucleares. La organización ecologista ha calificado la prórroga de "error histórico" y acusa a Pedro Sánchez de haber cedido ante las presiones de las grandes compañías eléctricas. Su directora ejecutiva en España y Portugal, Eva Saldaña, considera que la decisión demuestra que sigue mandando "el mismo oligopolio de siempre" y acusa al presidente español de romper los compromisos asumidos con los electores.
Greenpeace sostiene que prolongar Almaraz no abaratará la electricidad ni responde a una necesidad de seguridad energética, sino que retrasará inversiones en renovables y dificultará la transición hacia un sistema sin combustibles fósiles ni energía nuclear. Otras grandes organizaciones ecologistas, como Ecologistas en Acción, WWF, SEO/BirdLife y Amigos de la Tierra, ya habían reclamado al gobierno que rechazara la prórroga después del informe favorable del CSN. La entidad cita, además, un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos según el cual prolongar Almaraz podría comportar 3.831 millones de euros de sobrecoste acumulado hasta 2033. Se trata de un cálculo defendido por los ecologistas y cuestionado implícitamente por el gobierno, que asegura que la prórroga no supondrá costes adicionales para los ciudadanos.