El exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional reclamando que se declare nula la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó a un mes y medio de inhabilitación por un delito de atentado contra la autoridad, lo cual le supuso la pérdida del escaño en el Congreso. El recurso, de 89 páginas, denuncia vulneración de derechos fundamentales y reclama también que se revoquen todos los "efectos lesivos" provocados por estas vulneraciones.
El diputado canario fue condenado por el Tribunal Supremo a un mes y medio de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo a raíz de un delito de atentado contra agentes de la autoridad durante una protesta contra la ley Wert en el 2014. Finalmente, sin embargo, se sustituyó la pena de prisión por una multa de 540 euros y un mes y medio de inhabilitación. Como consecuencia de esta pena, el Congreso le retiró el escaño el pasado mes de noviembre. El escrito denuncia que se le ha aplicado "una pena accesoria de inhabilitación del derecho de sufragio pasivo" que el Código Penal no contempla para una pena de multa, a que fue condenado.
Derechos vulnerados
El recurso enumera una serie de derechos que se habrían vulnerado en el caso del exdiputado y en los cuales se basa el recurso. En primer lugar, señala que se ha vulnerado el derecho del exdiputado al juez imparcial, dado que el propio texto de la sentencia demuestra que la mayoría de los magistrados que lo juzgaron estaban "contaminados de falta de imparcialidad" dado que reprocharon a Rodríguez "expresiones inapropiadas" durante el juicio en el turno de la última palabra, en la que defendió el derecho a la manifestación.
Denuncia igualmente vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, dado que la sentencia se basa en el testimonio único de un agente del Cuerpo Nacional de Policia (CNP), que "no tiene aptitud, por sí solo, para desvirtuar la presunción de inocencia, habiendo negado categóricamente los hechos el acusado"; vulneración del principio de legalidad penal, con "una aplicación del Código Penal absolutamente ajena a aquello que se dispone legalmente, que ha traído como consecuencia una doble pena: la privación de su escaño y la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo"; vulneración del principio de proporcionalidad, dado que ni siquiera si ocho años atrás, cuando se produjeron los hechos, Alberto Rodríguez hubiera recibido una sentencia condenatoria el resultado "habría estado tan lesivo como lo que ha resuelto la sentencia del Tribunal Supremo"; vulneración del derecho de reunión y manifestación, dado que los hechos se produjeron en una concentración, por lo cual el texto lamenta cómo se ha conseguido "mediante una sola sentencia disuadir del ejercicio del derecho de manifestación".
Finalmente, el texto denuncia vulneración del derecho de representación política, dado que la aplicación de la pena ha privado del derecho de sufragio pasivo, lo cual lo ha privado de su escaño.
El recurso reclama reparar la vulneración de los derechos fundamentales declarando la nulidad de la sentencia del Supremo, así como del auto del pasado diciembre en que se desestima el incidente de nulidad contra la sentencia, y "todos los actos procesales posteriores" a fin de que el Supremo o directamente el TC "revoque todos los efectos lesivos de las citadas vulneraciones de derechos fundamentales".