El caso de las mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid del Partido Popular sigue trayendo cola. Ahora, se ha destapado una segunda estafa que tiene como añadido, un presunto delito de la propiedad industrial y contra los consumidores por las mascarillas que compró el consistorio liderado por José Luis Martínez Almeida a los ya famosos comisionistas, Luis Medina y Alberto Luceño. Estas, complican todavía más la situación ya que estos delitos mencionados es porque no cumplían con la normativa de la Unión Europea ni con los mínimos exigibles para la seguridad de las personas.
Se reabre el caso
De esta manera, la justicia ha reabierto una causa que ya investigaba junto con la primera remesa de mascarillas con la que se abrió la caja de los truenos. Después de la identificación del intermediario de la operación, el juzgado reabre las diligencias que habían sido archivadas por falta de autor conocido. ¿Los nombres detrás del caso? Los mismos y ya citados anteriormente. "Las mascarillas recibidas no reunirían los requisitos técnicos de la normativa española, ni europea, por lo cual resultaron inservibles para dotar al personal de los Servicios de Emergencia del Ayuntamiento de Madrid", dice el juez para justificar la reapertura del caso. La punta de lanza de esta estafa se inició a través de un informe de la Policía Municipal de Madrid recogido en el sumario del caso mascarillas que se sigue contra los autollamados 'empresarios' Luis Medina y Alberto Luceño.
Un tercer comisionista desaparecido
Y ahora, entra un tercer protagonista en juego: un comisionista norteamericano, Phillippe Haim Solomon, que intervino en la venta de medio millón de mascarillas por 2,5 millones de euros. Los agentes detectaron posibles delitos contra la propiedad industrial, la estafa y los derechos de los consumidores. De esta manera, el Ayuntamiento de Madrid habría comprado un millón de mascarillas FFP2 a través de Sinclair&Wilde, consultora de Nueva York. Esta empresa desapareció y dejó de contestar los requerimientos del consistorio cuando salió el primer escándalo. De momento, el empresario Philippe Haim Solomon, no ha podido ser encontrado por el juzgado 30 de Madrid pero la investigación judicial ha hecho avanzar el caso y ahora se sabe que tiene su residencia en Gran Bretaña. El juez añade que un informe de la Asociación Española de Normalización revela que estas mascarillas "no resultarían idóneas, no siendo un producto seguro, e incluso las autoridades turcas habrían ordenado su retirada del mercado".
En todo este caso, la figura del alcalde Almeida se ha intentado que saliera el mínimo perjudicada. A modo de ejemplo, la semana pasada, Matilde García Duarte, coordinadora general de la Alcaldía de Madrid y mano derecha del alcalde, testificó ante el juez que instruye el caso de las mascarillas que nunca lo informó de los vínculos con Luis Medina ni de la llamada que le hizo el primo del alcalde para mirar de influenciar en el contrato y que fue tratado "como uno más".