La Audiencia Provincial de Barcelona ha admitido a trámite la querella presentada por el sindicato de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, JUPOL, por las protestas de octubre del 2019 contra la sentencia del 1-O. A la querella se acusa el director general de la policía española, Francisco Pardo, y el comisario principal y responsable de la Dirección Adjunta Operativa, José Ángel González, de un posible delito contra la seguridad de los agentes del cuerpo de policía durante los disturbios.

El sindicato policial remarca que hubo "casi 300 agentes heridos" durante las protestas y creen que se podría haber evitado la situación si desde la DGP y la DAO "se hubiera puesto a disposición del operativo los medios humanos y materiales necesarios para lindar con seguridad los graves disturbios".

Denuncian la falta de material antidisturbios

La organización cree que hubo "graves deficiencias" en los operativos como la no asignación de relevos o refuerzo de personal, la falta de dotación de material antidisturbios o la ausencia de vehículos aptos para repeler los "ataques" de los manifestantes. "Los altos mandos no ajustaron su actuación a las normas de prevención que amparan a todo funcionario policial", lamenta el sindicato en un comunicado.

El sindicato ha presentado la querella porque cree que los dos responsables incumplieron el artículo 316 del Código Penal que castiga "los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores lleven a cabo su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de manera que pongan el peligro grave su vida, salud o integridad física".

La organización ha celebrado la admisión a trámite de la querella y ha dicho que confían en que se pueda depurar responsabilidades" por la vía judicial.

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