La invasión rusa de Ucrania tiene y tendrá consecuencias en multitud de ámbitos. Es por eso que ha pasado a ser el elemento central de la conferencia de presidentes que se celebrará este domingo a La Palma, donde asistirá el president Pere Aragonès. Allí, el Gobierno planteará una serie de mecanismos para hacer frente, según el borrador al que ha tenido acceso ElNacional.cat. Se trabaja en cuatro ámbitos: la ayuda humanitaria, la acogida y protección de refugiados, las medidas de impacto socioeconómico y la ciberseguridad. El documento que busca el acuerdo empieza con una previa: "La condena más enérgica a la agresión militar ilegal, no provocada e injustificada de la Federación de Rusia contra Ucrania, así como la participación de Bielorrusia en esta agresión".
Con respecto a la respuesta socioeconómica, el borrador establece la creación de una "reserva de bienes considerados estratégicos para preservar los derechos y libertades, el bienestar de los ciudadanos, el suministro de servicios esenciales y los recursos de primera necesidad y de carácter estratégico" mientras dure la guerra. Y pone énfasis en la necesidad de reducir la dependencia energética del exterior. Por eso, el Estado y las comunidades "trabajarán conjuntamente para reforzar y acelerar las inversiones en tecnologías críticas como semiconductores, almacenaje, minerales esenciales, baterías, 5G, inteligencia artificial, centros de datos y principios activos de medicamento esenciales".
En el mismo terreno, el documento de trabajo hace referencia al "acuerdo sobre rentas" que se quiere alcanzar con los agentes sociales para proporcionar "estabilidad y confianza" a la sociedad y evitar una "espiral inflacionista". En el ámbito energético se prevén medidas para "reducir el coste energético", con especial atención en los más vulnerables, acelerar el despliegue de las energías renovables y medidas de apoyo a las empresas que han perdido contratos en Rusia.
Acogida de refugiados
El documento constata cómo al menos 2,3 millones de ucranianos ya han abandonado su país en dos semanas y hace falta una respuesta de España. Así, se establece la coordinación entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos para garantizar la acogida y protección de las personas refugiadas. En este sentido, se subraya que el Estado ya está impulsando un plan de acogida con tres centros, en Catalunya, Madrid y el País Valencià, pero se podrían crear en otras comunidades. En estos centros, los refugiados obtendrán en un plazo máximo de 24 horas permisos de residencia y trabajo por un año renovable y se les informará de sus derechos. Si es necesario, serán derivados a la red de centros de acogida. En el borrador se destaca que "todas las administraciones colaborarán para incrementar los recursos necesarios, promover una coordinación eficaz de sus actuaciones, y compartir información".
Ciberseguridad
El ámbito de la ciberseguridad ha estado, en los últimos años, muy ligado a Rusia. Por eso el plan de respuesta del Gobierno lo contempla como un ámbito de respuesta. Concretamente se apuesta por reforzar la cooperación institucional "para mejorar el funcionamiento de los servicios tecnológicos y garantizar la calidad de la respuesta a los ciberataques que puedan recibir los organismos públicos, empresas y ciudadanía". Por eso se quiere poner en marcha una Plataforma Nacional de Notificación y Seguimiento de Ciberdelincuentes.