El pleno del Congreso ha aprobado este jueves la supresión del voto rogado, que se exige a los electores residentes en el extranjero que pretenden participar en los procesos electorales del Estado español, y lo ha sustituido por una serie de medidas destinadas a facilitar la participación. La previsión es que este nuevo sistema, que tendrá que ser ratificado en el Senado y que todavía no se podrá utilizar en las elecciones andaluzas del 19 de junio, esté en vigor después del verano. El nuevo procedimiento para los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) permitirá que estos electores puedan descargarse las papeletas por Internet y adelantar el envío tradicional de la documentación electoral.

Actualmente, el voto rogado, que se implantó en el 2011 a raíz de un acuerdo de PP, PSOE, PNV y CiU para evitar irregularidades en las votaciones, obliga a las personas inscritas en el CERA a pedir el voto con antelación para poder ejercer el sufragio. Los expatriados que quieren votar tienen que solicitar la documentación para votar a través de un formulario y una vez proclamadas las candidaturas se les remite las papeletas de las diferentes opciones para que envíen su voto por correo. El plazo para completar este procedimiento es muy corto y se ha acabado convirtiendo en una traba para miles de ciudadanos que se quedan sin poder emitir el voto porque no les llega la documentación o porque los retrasos de los diferentes servicios de correos impiden que su papeleta llegue a tiempo.

Con el nuevo sistema, además, se ampliarán los centros para la votación con urna, no sólo las embajadas sino también todos los consulados y los centros oficiales que se habiliten. De la misma manera, se ampliarán los horarios y días de votación. Además, se protegerá el envío de los votos emitidos en el extranjero estableciendo que se hagan llegar a España por valija diplomática. No obstante, se ha descartado el voto telemático y el voto por delegación, que defendían los independentistas catalanes, por considerar que no ofrecen bastantes garantías.

El origen de esta iniciativa, que la semana pasada se aprobó a la comisión constitucional del Congreso, está en una proposición de ley presentada en febrero del 2021 por PSOE y Unidas Podemos, que se ha enmendado las últimas semanas a partir de enmiendas del PP y otros grupos de la oposición.