Reproches. El fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio ha pedido que el expresidente del Parlament Roger Torrent y los exmiembros de la mesa Josep Costa, Eusebi Campdepadrós sean condenados a 20 meses de inhabilitación y Adriana Delgado a 16 meses por haber desobedecido el Tribunal Constitucional (TC) en el 2019. "Desobedecieron porque se creían por encima del ordenamiento judicial. Se creían casta por encima de los ciudadanos", ha manifestado el fiscal, este viernes, en el final del juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Una frase que ha sido replicada por los tres abogados defensores, que han reclamado la absolución de los políticos. "No son casta sino políticos que defendían derechos de los diputados", le ha replicado Andreu Van den Eynde, abogado de Torrent. Olga Arderiu, defensora de Adriana Delgado, ha añadido que los encausados "no están por encima de nadie, sino que han de tener el mismo nivel, el legislativo y el judicial". Por su parte, Jordi Pina, abogado de Eusebi Campdepadrós, ha denunciado que con esta causa, como ya la del 2014 con el 9-N, "quieren dar miedo a los diputados catalanes para que no pronuncien la palabra autodeterminación ni reprobación de la monarquía". Los tres abogados han apelado al tribunal, presidido por Carles Mir, que se guíe por las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), así como de los últimos votos particulares dentro del TC, que abogan por la defensa de la libertad de expresión y participación política.
Roger Torrent, Adriana Delgado y Eusebi Campdepadrós han hecho uso del derecho a la última palabra, y los tres han insistido en que no quisieron desobedecer el TC cuando admitieron a trámite la resolución soberanista en el 2019. También han apelado que con su actuación defendieron el derecho de participación política y de libertad de expresión de los diputados del Parlament. Delgado, que es alcaldesa de Sant Vicenç de Castellet, ha indicado que la condena la puede afectar política y personalmente. Torrent, conseller de Empresa, y Campdepadrós, secretario para la Administración de Justicia, también se verían afectados en estos cargos públicos si son condenados a inhabilitación, como reclama la fiscalía. "Es un juicio político", ha afirmado Campdepadrós, que también ha asegurado: "La moción de la reprobación de la monarquía se hizo antes que el rey huyera en Abu Dabi y que la fiscalía le encontrara delitos fiscales."
El presidente del tribunal, el magistrado Carles Mir, ha dado visto para sentencia el juicio y ha pedido "calma" a los encausados y las partes, y ha declarado: "Esta sentencia no saldrá en dos días, es una sentencia complicada, por lo tanto, necesitará el tiempo que haga falta." En el inicio de la sesión, el magistrado ha informado de que se había ofrecido a Josep Costa asistir al final para hacer uso del derecho a la última palabra, que, según Mir, ha rechazado.
Los razonamientos del fiscal
En su informe, el fiscal Pérez de Gregorio ha afirmado que los acusados "no han negado los hechos" y ha asegurado que cometieron el delito de desobediencia, aunque digan que no se votaron o que la resolución no se publicó al boletín del Parlament. El fiscal ha añadido que el TSJC con la mesa del Parlament de 2017, y el TC "ya les dejó claro que no tienen inviolabilidad parlamentaria" y tienen que cumplir los mandatos judiciales. Por eso, los ha tildado de "casta por encima de los ciudadanos". El fiscal también ha querido taponar que el tribunal pueda absolver a los encausados apelando a la figura del error de prohibición cuando aseguran que ni ellos ni los letrados del Parlament tenían claro cuál era la orden del TC, ya que se refería a resoluciones anteriores. "Situarse por encima del TC quedaría impune", ha alertado a Pérez de Gregorio. El fiscal ha agradecido públicamente el "respeto" que le han mostrado tanto el tribunal como las defensas en este procedimiento.
Derechos fundamentales en juego
En su turno, el penalista Andreu Van den Eynde se ha exclamado que "el fiscal solo ha estado 15 minutos por finiquitar la separación de poderes y los derechos fundamentales", y no se ha esforzado ni en interrogar a los testigos, "como si el caso ya estuviera juzgado", refiriéndose a la condena de la Mesa que presidía Carme Forcadell, a pesar de la diferencia de las resoluciones. Van den Eynde ha insistido en que el mandato del TC "no era claro", y que en ningún caso se prohibió el debate de la autodeterminación y de la reprobación de la monarquía. "Es un error de tipo, un error invencible," ha insistido el penalista, afirmación que han compartido Arderiu y Pina, para exigir la absolución de los encausados. En este sentido, Olga Arderiu ha indicado que el representante del PSC en la Mesa, David Pérez, admitió en el juicio que ante las dudas que tenían los letrados sobre la orden del TC y "por miedo" decidió que se oponía a la admisión a trámite de la iniciativa parlamentaria. Arderiu también ha insistido en que la Mesa es un "órgano de debate parlamentario" y la admisión de iniciativas políticas "no puede ser entendida como una función de trámite o administrativa, como las que también tiene".
Por su parte, Jordi Pina, ha recordado cómo ha evolucionado el delito de desobediencia desde que defendió a la consellera Irene Rigau por la consulta del 9-N de 2014, y que entonces ya calificaba el juicio muy grave. Pina también ha hecho referencia a la división de criterios que actualmente hay en el Tribunal Constitucional (TC) sobre la libertad de expresión y de participación política, y ha pedido al tribunal del TSJC que haga esta lectura más próxima al tribunal de Estrasburgo, donde ya han llegado las demandas de los independentistas catalanes condenados por los hechos del 2017.