El colectivo de Coordinació d'Advocats Catalans ha hecho público este lunes un manifiesto donde defiende la legalidad de una investidura a distancia. En el texto, que ya cuenta con más de 300 adhesiones de juristas y abogados, aseguran que este tipo de investidura es posible según la ley internacional, española y catalana.
Para demostrarlo, hacen referencia a la Declaración de los Derechos Humanos, donde se concreta el derecho de participación política y el de poder ejercer funciones públicas. "Cualquier limitación de este derecho debilita la democracia", recuerdan.
Por otra parte, también citan el reglamento del Parlament, donde se insiste en "no tan sólo el derecho, sino el deber" de los diputados electos a asistir a todas las sesiones de la cámara. El artículo 146 de este mismo reglamento, que detalla cómo tiene que ser la sesión de investidura, "no exige presencia física" al candidato, "porque de exigirla podría ser un impedimento en el ejercicio del derecho fundamental a la participación política", afirman.
Para ejercer este derecho, según la ley de Presidencia de la Generalitat, pueden utilizarse "redes de comunicaciones o cualquier otro medio telemático". La única condición que pone es que se pueda "garantizar la identidad de las personas que emiten y reciben las comunicaciones" y "la autenticidad de los mensajes transmitidos, tanto verbalmente como por escrito".
Los juristas también defienden el ejercicio del voto delegado, que podrían pedir los diputados encarcelados, contemplado por el reglamento "en determinados supuestos". Estos no están concretados, así que queda en manos de la Mesa decidir en qué casos puede utilizarse esta vía. Dicho esto, recuerdan que "los derechos fundamentales deben interpretarse en el sentido más favorable a su ejercicio".
Finalmente, instan a los "poderes públicos a remover con eficacia y efectividad aquellos obstáculos que impidan el ejercicio del derecho de participación política".
