La Asociación Europea de Abogados por la Democracia y los Derechos Humanos (ELDH, en sus siglas en inglés) ha expresado en un comunicado su perplejidad y preocupación ante la persecución de los 34 exaltos cargos de la Generalitat por parte del Tribunal de Cuentas. El ELDH hace especialmente mención a las fianzas millonarias que impone el Tribunal, las cuales considera "inaceptables". Las fianzas son una demanda que según ellos "puede constituir una violación del artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos, ya que el derecho de los acusados a un juicio justo puede quedar totalmente inhibido". El colectivo de abogados pide que se acabe la causa y los acusados sean liberados de la obligación de pagar las fianzas impuestas por este órgano.

Este conjunto de abogados europeos han insistido a señalar que los miembros del Tribunal no son jueces, "sino personajes políticos, elegidos por el Congreso y el Senado españoles". Según el ELDH, la composición de carácter político de este órgano puede representar "una grave amenaza no solo para los acusados y su derecho a un juicio justo en virtud del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, sino también para el mismo estado de derecho".

 

 

En su comunicado los abogados europeos hacen una especial mención a Andreu a Mas-Colell, de quien destacan que es un distinguido profesor de economía a Harvard que ha recibido el apoyo de 33 premios Nobel y otros académicos de primer orden. El ELDH recuerda que si Mas-Colell o los otros encausados no pagan las finanzas que les impone el Tribunal verán sus bienes embargados.

Consulta al abogado del Estado

Las fianzas traen cola dentro y fuera del Estado, incluso en el mismo Tribunal, el cual ha mostrado sus dudas sobre la "suficiencia y legalidad" de los avales presentados por el ICF para cubrir los 5,4 millones que piden a los 34 exaltos cargos de la Generalitat. Ante la incertidumbre la delegada instructora del caso, Esperanza García, ha pedido un informe al respecto a la Abogacía del Estado.

Mandato caducado

El pasado viernes 23 de julio finalizó el mandato del Tribunal de Cuentas y se suma al conjunto de órganos constitucionales pendientes de renovación: Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Defensor del Pueblo. En cabeza de estas instituciones hay perspectivas a corto plazo para la elección de nuevos consejeros.

El fin del mandato del Tribunal de Cuentas llega en el momento más oportuno, en medio de la polémica por la causa abierta contra excargos del Gobierno de Catalunya. Tanto los partidos independentistas como el Gobierno critican la situación actual del órgano fiscalizador. Los doce consejeros que forman el tribunal tienen que ser escogidos por el Congreso y el Senado con una mayoría de tres quintas partes, es decir, 210 diputados.

 

Imagen principal: Un hombre pasa por delante de la puerta principal del Tribunal de Cuentas / Europa Press