Juan-Alonso Cuevillas, el abogado del presidente de la Generalitat, asegura que la maniobra del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de retirar la euroorden de detención contra el presidente y los consellers que están en Bruselas, se ha hecho para "evitar una bofetada de la justicia belga". Según Cuevillas, la justicia española tenía "miedo" de que la extradición fuera completamente denegada y por lo tanto "la justicia belga desacreditara a la española".
Lo que no ha retirado Llarena es la orden de detención nacional, por lo tanto en el momento en que Puigdemont, Comín, Puig, Serret y Ponsatí pongan un pie en el estado español les detendrán, el abogado estima que podrían recibir condenas de hasta 42 años.
Horas antes de conocer la noticia sobre la anulación del proceso belga, Cuevillas ha participado en una entrevista en Els Matins de TV3 donde ha asegurado que "Si los de Bélgica vienen a tomar posesión, quedarán detenidos". Con esta contundencia se ha expresado el abogado de Puigdemont que ha explicado que basándose en la experiencia podía asegurar que ni el presidente ni los consellers tendrían un juicio justo en España.
Cuevillas ha recordado que el Estado español, sobre el papel, tiene unas leyes procesales muy garantistas, probablemente más que las belgas, pero estas leyes también permiten que a la práctica las garantías no se cumplan. Para ejemplarizarlo se ha basado en el caso del día 1 de noviembre: "Nos citaron un día festivo para ir a declarar el día siguiente a las 9 de la mañana con una querella que no habíamos tenido ni tiempo de leer".
Sin embargo, sobre la vista que Puigdemont y los consellers tuvieron con el juez belga este lunes, donde se acordó que el día 14 se conocería la sentencia del juez sobre la extradición, el abogado ha asegurado que salió "moderadamente optimista". La justificación es que, por norma general, las órdenes de extradición se conceden fácilmente porque parten del principio de confianza mutua entre los estados miembros de la Unión Europea.
En la misma línea, Cuevillas ha tildado de "muy grave" la valoración del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena porque atribuye a los procesados una estrategia de manipulación social: "Dos millones de catalanes abducidos por unas personas que dicen que son las que deciden lo que tenemos que pensar", ha criticado.
De la misma manera, ha alabado el hermetismo de la justicia belga, entre otras cosas porque no se ha publicado el nombre del magistrado que decide sobre la euroorden y porque la policía acompañó los miembros del Govern al Supremo en coche para que pudieran evitar las cámaras.