Paul Bekaert, el abogado flamenco de Carles Puigdemont, todavía no ha recibido ninguna notificación por parte de la fiscalía belga desde que el juez Pablo Llarena emitió ayer una nueva euroorden. Según ha confirmado Bekaert a ACN, los abogados están todavía a la espera de la notificación para poder iniciar el mismo proceso que la otra vez y que su cliente comparezca ante un juez. Quien tiene que hacerles llegar un aviso es el ministerio público de Bruselas. Por ahora, quien ha recibido la euroorden de Llarena es la fiscalía federal belga, que tendrá que pasar el caso al ministerio correspondiente, previsiblemente el de la capital belga.

El letrado ha recordado que, una vez recibida la notificación, Puigdemont tendrá que comparecer ante un juez de instrucción para que este haga una primera valoración de la euroorden. El president podría presentarse directamente a la fiscalía de Bruselas o pasar a disposición judicial yendo primero a una comisaría en función de lo que marque la fiscalía.

El juez de instrucción valorará las formalidades del caso y decretará si Puigdemont tiene que ser encarcelado de forma provisional o dejado en libertad, ya sea con medidas cautelares o sin aplicar medidas. A partir de aquí, más adelante será un juez de la Chambre du Conseil quien examinará el fondo del caso y citará a Puigdemont a una audiencia.

De acuerdo con el procedimiento, una vez se haya tomado una decisión los abogados pueden apelar tanto al tribunal de acusación, primero, como el de casación.

Primera euroorden del 2017

En la primera orden de detención contra el president y el resto de exiliados, emitido por la jueza Lamela en noviembre del 2017, la fiscalía federal de Bélgica examinó la petición y la derivó a la de Bruselas, que pidió la libertad provisional con medidas cautelares al juez.

Después de tomar declaración durante más de cinco horas a Puigdemont y sus consellers el domingo 5 de noviembre, el juez de instrucción decidió dejarlos en libertad provisional. El magistrado les aplicó tres medidas cautelares: no salir de Bélgica sin permiso judicial, tener una residencia real en el país y presentarse siempre que se les requiera en persona a todas las citaciones judiciales o policiales.

La justicia belga no ha aplicado nunca prisión preventiva a Puigdemont o sus consellers, ni durante la resolución de la primera euroorden ni tampoco con la segunda.