El abogado belga Christophe Marchand, del equipo de la defensa de los consellers Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, explica en una entrevista a l'ACN que la demanda civil presentada al principio de mes contra el juez Pablo Llarena responde a "violaciones flagrantes de los derechos humanos". "La manera en que los jueces españoles estaban actuando es muy extraña y va en contradicción con los derechos básicos de la Unión Europea. Por lo tanto, la lógica es responder como lo haríamos ante un juez belga", insiste a la hora de argumentar la demanda.
"Consideramos que estamos en el mismo espacio europeo de justicia y libertad y estamos actuando como abogados ante una situación en que un juez, Pablo Llarena, ha cometido errores", dice en relación a la demanda, que se basa en la supuesta "imparcialidad" del magistrado del Supremo. Sobre el hecho que el juez decano de Madrid Antonio Viejo considere que un juez europeo no puede investigar la instrucción hecha por un juez español, Marchand remacha: "Habríamos hecho el mismo con un juez belga si hubiera actuado como Llarena".
Los abogados belgas, explica Marchand, todavía no han recibido ninguna notificación "oficial" de que Viejo se haya negado a tramitar la cita a Llarena, y que no tiene "pistas" de qué puede implicar no informar al magistrado del Supremo de la decisión belga.
"Pero para mí no significa demasiado a nivel legal", observación. "Hemos enviado la petición respetando todas las normas europeas y ahora estamos esperando una respuesta", concluye. "Veremos cómo reacciona el juez belga si no hay nadie, si no aparece" para declarar el 4 de septiembre, explica Marchand.
Según él, "desde un principio" el equipo de defensa en Bruselas ha gestionado el caso contra los consellers establecidos en el país como lo habría hecho en Bélgica. Por otra parte, Marchand indica que el procedimiento de interponer una demanda civil es "muy habitual" y utiliza las vías "habituales de cooperación en asuntos civiles".
"No hay margen para una tercera euroorden"
Sobre la posibilidad de que el Supremo acabe dictando una tercera euroorden contra Comín, Serret y Monte, como le pidió la fiscalía, Marchand confesa que no sabe cuáles son las intenciones de la justicia española ni tiene "ninguna pista". Con todo, sí que destaca que no ve "margen" para una tercera euroorden y admite que, de hecho, ya lo sorprendió que hubiera una segunda orden de detención después de que el juez Pablo Llarena retirara la primera.
En cualquier caso, asegura que están preparados si el momento llega y que la estrategia "seguirá siendo la misma". Mientras tanto, explica, si los consellers viajan fuera de Bélgica, por ejemplo a Luxemburgo o Francia, "probablemente tendrían que hacer frente a otro proceso judicial" si bien él considera la UE como un único espacio. "Es una paradoja de la euroorden, que las decisiones son para este país y no para otro", lamenta.
"En Alemania el proceso va en la buena dirección"
En cuanto a la decisión de la justicia alemana sobre extraditar o no en Carles Puigdemont en España y por qué delitos, Marchand espera que una vez los jueces alemanes decidan el expresidente pueda volver a Bélgica. "Espero y confío en que vuelva muy pronto, es una cosa que tiene" que "pasar", afirma. "Lo que vemos en Alemania va en muy buena dirección", dice el abogado, que asegura que él y el resto de los letrados belgas están en contacto con las defensas de Clara Ponsatí en Escocia y Carles Puigdemont a Alemania, así como con los abogados en Catalunya. "La violación de derechos humanos que hemos visto y argumentado en Bélgica es la misma en Alemania", concluye.