Coincidiendo con el Día de la Mujer Trabajadora la CUP ha cargado contra la represión y persecución institucional contra las mujeres movilizadas. Lo ha denunciado la diputada Basha Changue desde el atril del Parlament, donde ha criticado que los cuerpos policiales "persigan" compañeras que salen en las calles "pintando y quemando lo que haga falta" para reivindicar la lucha feminista. Y aparte de estas críticas también ha cargado contra la estrategia de la Conselleria de Interior de aumentar el número de mujeres dentro del cuerpo de los Mossos d'Esquadra: "El Govern quiere feminizar el cuerpo para que sean las mujeres las que repriman a las mujeres que luchan por los derechos de todas".
Changue ha reivindicado el movimiento feminista como motor de transformación, y ha hecho valer a las mujeres que cortan carreteras, que ponen el cuerpo cada día para evitar desahucios o para exigir la derogación de la ley de extranjería. Asimismo ha reivindicado a las encausadas conocidas como 8 Mil Motius, a quienes piden tres años de prisión y 26.000 euros por haber cortado el andén de la estación de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya de Sant Cugat durante la jornada de huelga feminista del 2018.
Trabajadoras sociales
Más allá de estas cuestiones Changue también ha anunciado que presentan esta semana en el pleno del Parlament que empieza mañana -tenía que empezar hoy pero se ha pospuesto para facilitar la participación en las movilizaciones del 8-M- una batería de propuestas para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras sociales, denunciando que el Govern "las utiliza como arma en los desahucios". Es así como presentan varias iniciativas para facilitar su trabajo, unas propuestas que la formación anticapitalista ha dicho que son prácticamente "a coste cero".
En la moción, consultada por ElNacional.cat, la formación anticapitalista insta a derogar el protocolo de desahucios de Barcelona firmado el año 2013 por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y redactar en el plazo máximo de seis meses un nuevo protocolo enfocado a la dotación de recursos preventivos en situaciones de desahucios y que permita a las trabajadoras sociales acompañar y asistir a las familias en todo el proceso.
También reformular los requisitos de acceso a las mesas de emergencia para garantizar que tenga acceso toda la población catalana en riesgo de perder la vivienda, independientemente de su sexo, género, o situación administrativa. Entre otras cuestiones la CUP también pide emitir una directiva clara que recomiende mantener un espacio de diálogo fluido con los sindicatos de vivienda para garantizar la coordinación y entendida entre todos los agentes que acompañan a las familias en riesgo de desahucio.