El 155 ha dejado de estar vigente de manera automática después de que el Gobierno de Quim Torra haya tomado posesión este mediodía. Se ha aplicado durante 7 meses y 5 días.
Tal como constaba en el acuerdo alcanzado en el Senado entre PP, Cs y PSOE, este artículo constitucional que se ha activado por primera vez en el Estado se tenía que levantar automáticamente una vez tomara posesión un nuevo gobierno en Catalunya, a pesar de la petición de Cs de extenderlo.
Con todo, se mantiene la incógnita sobre si también se levantará el control financiero de la Generalitat –previo al 155- y esta será una de las primeras decisiones que tendrá que tomar el nuevo presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
El 155 se aplicó a Catalunya, a iniciativa del gobierno de Mariano Rajoy, y con el apoyo del PP, PSOE y Cs, un día después de la declaración de independencia en el Parlament del 27 de octubre. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el cese en pleno del Govern, la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre y las medidas en aplicación.
Su aplicación ha supuesto la liquidación y cierre del Diplocat, la incorporación de la Generalitat en la causa contra el expresidente Artur Mas por el 9-N en el Tribunal de Cuentas, el cese de cargos como la directora general de Exteriores, la de la Escuela de Policía o el director de la Escuela de Administración Pública, así como el traslado de las obras de Sixena y retrasos en los pagos, entre otros.
El 155 se ha alargado más del previsto ante el choque entre el anterior gobierno de Rajoy y JxCat por la investidura del presidente de la Generalitat y la formación del Govern. Después de varios intentos de investir candidatos a la presidencia, el último capítulo ha sido la negativa del gobierno español a autorizar la publicación del primer decreto de nombramientos de consellers de Torra, que incluía a Toni Comín, Lluís Puig, Jordi Turull y Josep Rull. Finalmente, Torra modificó el Gobierno esta semana, sustituyendo a los consellers en la prisión o al extranjero|en el extranjero, y este viernes el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicado los nombramientos y la toma de posesión.
Levantamiento
En las últimas semanas, el gobierno español encabezado por Rajoy hasta el pasado viernes ha defendido que una vez se hiciera esta toma de posesión se levantaría el 155, como decía el acuerdo que se alcanzó el Senado y ha rechazado la petición de Cs, que ha insistido en la necesidad de extender su aplicación al considerar que no se daban las condiciones para su levantamiento y que Torra no garantiza el cumplimiento de la legalidad española.
El posicionamiento del PP ha sido compartido por el PSOE ya que el desde ayer presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también defendía el levantamiento del artículo si tomaba posesión un Gobierno "efectivo".
Afectaciones en Exteriors
Los siete meses de 155 dejan afectaciones en varios ámbitos, el de exteriores a uno de los más destacados. Una de las primeras medidas tomadas fue la supresión de todas las delegaciones en el exterior excepto la de Bruselas, que ha continuado con la disolución y cierre definitivo del Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat). El cierre se hizo efectivo el pasado 16 de abril después de las reiteradas críticas del gobierno español al considerar que servía para impulsar el proceso independentista en el exterior. El cierre ha comportado el despido de una treintena de trabajadores.
Según pudo saber ACN, otro de los efectos en el ámbito de exteriores es el hecho de que la delegación en Bruselas –la única que se mantiene- tenía que pedir permiso al Ministerio de Exteriores para cualquier actividad que quisiera organizar, habiéndose dado algún caso en que no se ha dado este permiso.
Uno de los efectos de este control se pudo ver después de la participación del conseller de Cultura destituido Lluís Puig en el acto de la Setmana Catalana de Brussel·les en la delegación ya que eso provocó el cese de la directora general de Relaciones Exteriores de la Generalitat, Marina Borrell. Puig fue el primer miembro del gobierno de Carles Puigdemont que entraba en el edificio desde que el ejecutivo español destituyó al representante de la Generalitat ante la UE Amadeu Altafaj y cerró las delegaciones en el exterior.
En este ámbito, también se procedió al paro de las subvenciones para las comunidades catalanas del exterior y de la tramitación del Pla de Viabilitat de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).
Ceses
ServidorsCAT ha sido una de las organizaciones que ha valorado los efectos del 155, cuantificando en unos 254 los ceses en aplicación del 155, según la última actualización que hizo en febrero. Aparte del de la directora general de Exteriors, también se produjo el cese del director de la Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC), Agustí Colomines, y el de la directora de la Escola de Policia de Catalunya, Anabel Marcos, por supuestamente haber llevado urnas del 1-O en su coche particular.
En el mismo informe, ServidorsCAT asegura que se han intervenido 16 organismos, se han nombrado 12 personas por el gobierno español, han decaído 108 iniciativas normativas, ha habido 92 afectaciones en la contratación y se han parado 21 líneas de subvención.
Justicia y 9-N
El gobierno español también tomó medidas en el ámbito judicial aprovechando el paraguas del 155. Una de las más destacadas fue incorporar a la Generalitat a las demandas contra el expresidente Artur Mas y otros exconsellers por el 9-N en el Tribunal de Cuentas. Cuando se inició el procedimiento, el Gobierno se opuso a las demandas presentadas por Sociedad Civil Catalana (SCC) y Abogados por la Constitución. Estas demandas, a las que se adhirió la fiscalía, fueron el origen del litigio que ha llevado a Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs a tener que depositar 5,2 millones de euros de fianza, que es lo que el tribunal sostiene que se destinó a la financiación de la consulta del 9 de noviembre del 2014.
Cultura
Uno de los efectos más destacados se produjo el 11 de diciembre del 2017, cuando las obras de arte del Museu de Lleida se marcharon escoltadas por la Guardia Civil en dirección al monasterio de Vilanova de Sixena después de años de controversia judicial. Este litigio ha traído otros efectos, como el hecho de que el Ministerio de Cultura negara la defensa del abogado de la Generalitat al exconseller Santi Vila.
Educación
Uno de los efectos más polémicos del 155 ha sido la amenaza al catalán como lengua vehicular en las escuelas. El gobierno español anunció que estudiaba la fórmula para garantizar que el 25% de clases se dieran en castellano introduciendo una casilla en la preinscripción escolar a fin de que los padres que así lo quisieran lo pudieran solicitar. Esta intención levantó a las críticas de la comunidad educativa, la sociedad civil y buena parte del arco parlamentario que denunciaron el uso de la lengua que pretendía hacer el gobierno español. Finalmente sin embargo, el gobierno español no pasó a los hechos y no se incluyó a la conocida como 'casilla del castellano' a la preinscripción escolar.
Economía
A escala económica, y aparte de la intervención total de la economía de la Generalitat, el 155 ha dejado sin efecto los acuerdos que centralizaban el pago de tributos estatales y cotizaciones correspondientes a los entes públicos catalanes y ha dejado pendientes diferentes proyectos de ley que estaba preparando el Gobierno como la modificación de la ley de cajas de ahorro de Catalunya, la ley de cámaras de comercio y la elaboración de un proyecto para la aprobación del índice de referencia del alquiler de viviendas.
Denuncias de parálisis de políticas
Otro de los efectos del 155 ha sido la denuncia de parálisis en la administración hecha en diferentes ámbitos. Por ejemplo, los impulsores de la Renda Garantida de Ciutadania denunciaron que hay 40.000 expedientes pendientes de resolver. La Generalitat defendió que 107.000 personas se beneficiaban de la aplicación de la ley de la renta, de las cuales 62.700 son beneficiarias propiamente de la ley y 45.000 son pensionistas que han podido completar sus ingresos gracias al nuevo marco legal. En total, son 70.000 solicitudes aprobadas, aunque sólo 1.000 se pueden considerar expedientes nuevos.
En el ámbito policial, un mosso d'esquadra en excedencia denunció que con la aplicación de este artículo se habían parado nuevas medidas prometidas en la lucha antiterrorista y se había dejado la policía catalana sin acceso al dinero de los fondos reservados con el cual se financiaba el combate contra la amenaza yihadista.
En memoria histórica, los informes de Servidors.cat y del Síndic de Greuges han denunciado que se habían suspendido los pagos de las indemnizaciones a los expresos políticos de la Guerra Civil y el Franquismo y que se había afectado al plan de fosas que incluye la recuperación de restos óseos en diferentes puntos de Catalunya.
El mismo informe, apuntaba a la paralización del proyecto de desvío de camiones de la N-340, del plan integral de urgencias de Catalunya, la inversión en los centros de atención primaria por valor de 13 millones de euros la investigación para vencer el cáncer de mama del Institut de Recerca Biomèdica de Lleida.
Con respecto a los servicios sociales, se ha parado entre otros la aprobación del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals, así como el bloqueo en la aprobación y ejecución del programa temporal para la atención de menores de edades no acompañados. El informe del Síndic de Greuges también destaca que se ha parado el contrato programa de bienestar social 2016-2019 entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, porun valor de 52,3 millones de euros.
Servidorscats también apunta a retrasos en el pago de subvenciones de proyectos y actividades para entidades del ámbito de políticas sociales del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en materia de juventud y en el pago de las subvenciones a las entidades sociales para los programas de ayuda contra las drogas.
Por último, la intervención de la autonomía ha paralizado la implementación de un plan estratégico para los agentes rurales y, según señala el Síndic de Greuges, la regulación para permitir que los agentes rurales puedan llevar armas. Una regulación que se impulsó a raíz del crimen de Aspa, en que un cazador mató a dos agentes rurales.