Vitoria, País Vasco. Tres de marzo de 1976. Miles de trabajadores en huelga celebran una asamblea en la iglesia de San Francisco de Asís. En el barrio obrero de Zaramaga, al norte de la capital alavesa, surgido el siglo pasado de las familias llegadas de diferentes puntos de la geografía española para trabajar en la industria vasca. Luchaban por una subida salarial de 5.000 pesetas, la jornada semanal laboral de 40 horas, el 100% del sueldo en caso de accidente o enfermedad y la jubilación a los 60 años. La policía disolvió la reunión con botes de humo y disparos de armas de fuego. Murieron cinco ciudadanos: Pedro Mari Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda. También hubo más de un centenar de heridos, algunos de gravedad.
El dictador Francisco Franco había muerto desde hacía poco más de tres meses y el Gobierno estaba en manos de Carlos Arias Navarro. Rodolfo Martín Villa era ministro de Relaciones Sindicales y Manuel Fraga el responsable de Gobernación. Aún faltaban cuatro meses para que Adolfo Suárez fuera nombrado presidente, las primeras elecciones democráticas no se darían hasta junio del año siguiente y la Constitución se aprobaría dos años después.
Este martes tres de marzo de 2026 se cumplen cincuenta años de la masacre de Vitoria y los familiares de las víctimas aún exigen una reparación y un reconocimiento de responsabilidades que nunca ha llegado. Todas las denuncias presentadas desde entonces para depurar responsabilidades penales se han archivado, excepto la causa que se abrió en Argentina en 2010 contra crímenes del franquismo cometidos durante la dictadura y la Transición, que sigue activa. La causa la abrió la jueza María Servini, que emitió una orden internacional de detención contra el exministro Martín Villa, si bien nunca se ha materializado.
Las víctimas piden una reparación que nunca llegó a través de los tribunales
A raíz de los informes médicos de las personas fallecidas por disparos y las heridas de bala, el mismo año en que se produjeron los hechos se abren diligencias que acaban en la apertura de dos sumarios. Tras pasar por varios juzgados, terminan en la jurisdicción militar, donde ambos son sobreseídos. En 2001, las víctimas presentan una querella criminal en un juzgado de Vitoria por posibles delitos de homicidio contra varios mandos policiales que participaron en las cargas y contra el gobernador civil de Álava, Rafael Landin. No se admite a trámite.
En 2004, se interpone una denuncia ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que no tiene recorrido. En 2019 la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo presenta una nueva denuncia ante este mismo organismo con el mismo resultado. El Ayuntamiento de Vitoria, las Juntas Generales de Álava y la Diputación Foral alavesa presentan querellas para juzgar a los responsables de la carga policial. Se desestiman por un juzgado vitoriano y por la Audiencia provincial con el argumento de que el presunto delito de lesa humanidad está prescrito. El Tribunal Constitucional lo ratifica.
En 2022, un juzgado de Vitoria archiva la denuncia de Unidas Podemos en la que se pedía que se investigara la posible responsabilidad de Martín Villa y, en 2025, la Fiscalía Provincial de Álava abre diligencias informativas para presentar, a instancias de la asociación, un expediente de "jurisdicción voluntaria de hechos pasados respecto al 3 de marzo", un nuevo mecanismo contemplado en la Ley de Memoria Democrática, que no es un proceso penal, para que se reconozca oficialmente lo que ocurrió históricamente.
El reconocimiento no llegó hasta 2007
El reconocimiento de las autoridades del País Vasco y el Gobierno de España no llegaron hasta 2007, a través de la Ley de Memoria Histórica. Con ella se garantiza el derecho a indemnización a las familias de los cinco asesinados por las autoridades y a algunos de los heridos de gravedad. En 2009, las Juntas Generales de Álava aprueban una Norma Foral por la que se aplica a las víctimas las mismas indemnizaciones que a las víctimas del terrorismo. Cuatro años después, el Gobierno Vasco incluye a los afectados en el decreto de víctimas de abusos policiales entre 1960 y 1978.
El actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, fue la primera máxima autoridad del estado en acudir a Vitoria en el 48 aniversario de la masacre para homenajear a las víctimas, hace dos años. El año pasado el Gobierno inicia el procedimiento para que esta iglesia sea Lugar de Memoria Democrática, un reconocimiento que se oficializó este febrero. La actual ley de Memoria Democrática reocnoce a los 31 damnificados de la masacre de Vitoria como víctimas de una violencia injusta. Sin embargo, la asociación de víctimas reclama un reconocimiento oficial de la responsabilidad del Estado en estos crímenes.
El lehendakari reclama que se juzgue a los responsables y el Gobierno señala que fue en época "predemocrática"
La herida no está cerrada y aún existe debate político sobre la cuestión. Este martes, el lehendakari, Imanol Pradales, ha pedido que se esclarezca lo ocurrido y que se juzgue a los responsables. Si no es así, se estará "ahondando en la revictimización", ha aseverado el mandatario vasco. Pradales, que a primera hora ha participado en una ofrenda floral en el monolito erigido en las inmediaciones de la iglesia de San Francisco de Asís, ha afirmado que "quienes cometieron aquellos crímenes sabían bien lo que hacían" y ha insistido en la necesidad de depurar responsabilidades.
Han anunciado su presencia allí, con sus respectivas ofrendas florales, o en actos políticos cercanos, representantes de todos los partidos políticos, excepto Vox. Estan allí este martes Aitor Esteban (PNV), Arnaldo Otegi (EH Bildu), acompañado de miembros del Sinn Féin, Javier Hurtado (PSE-EE) o Irene Montero (Podemos). También se acercarán al lugar los máximos representantes de UGT, Pepe Álvarez, de CCOO, Unai Sordo, y de LAB, Igor Arroyo y Garbiñe Aranburu. Desde Bildu, emplazan al Ejecutivo de Pedro Sánchez de reconocer que "el Estado Español y sus fuerzas de seguridad fueron las únicas responsables".
Desde el Gobierno replican que entonces había un Ejecutivo "predemocrático" y "continuista" de la dictadura, con Arias Navarro y Fraga, contra el que luchaban muchas personas, entre ellas miembros del actual gabinete. El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha expresado la "enorme condena" del Ejecutivo actual a la masacre de Vitoria, una "actuación desproporcionada de la policía". Martínez ha participado en los actos de memoria en la capital alavesa.