18 exministros y más de 150 exparlamentarios han firmado un manifiesto contra la amnistía y los pactos de investidura del PSOE con las formaciones independentistas para asegurar la investidura de Pedro Sánchez. Tras asegurar que la democracia constitucional "se encuentra ante serios desafíos y peligros", abogan por una "firme y serena defensa" de la Constitución, del estado de derecho, de la división de poderes o de la independencia judicial, que ven "en riesgo". Entre los firmantes, figuran 18 ministros de distintos gobiernos de la democracia, entre ellos los socialistas José Luis Corcuera o Javier Sáenz de Cosculluela, y parlamentarios pertenecientes a Unión de Centro Democrático (UCD), Partido Popular (PP), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Centro Democrático y Social (CDS), Unión Progreso y Democracia (UPyD) y Ciudadanos (Cs).
También suscriben el texto dos expresidentes del Congreso, Federico Trillo y Jesús Posada, ambos del PP, y dos expresidentes del Senado, el socialista Javier Rojo y Esperanza Aguirre, del PP, que también fue ministra y después presidenta de la Comunidad de Madrid. Numerosos exministros del PP se han sumado al texto, como Miguel Arias Cañete, Juan Carlos Aparicio, Rafael Arias Salgado, Rafael Catalá, Isabel García-Tejerina, José María Michavila, Isabel Tocino, José Ignacio Wert o Elvira Rodríguez. Por parte de la UCD, lo firman exministros como Marcelino Oreja, Soledad Becerril o Rodolfo Martín Villa.
Consideran la amnistía una "flagrante e inaceptable violación del principio constitucional de igualdad de todos los españoles ante la ley"
Los firmantes arrancan el manifiesto asegurando: "En esta grave hora que vive nuestra nación, el juramento o promesa de lealtad en la Constitución que hicimos nos impele, sintiéndolo como deber moral, a manifestar nuestra profunda preocupación y gran consternación por el contenido de los pactos de investidura y la presentación de una ley de amnistía, que suponen una fractura de principios básicos del Estado de derecho que los españoles establecimos en la Constitución como pilares de nuestra convivencia".
En primer lugar, aluden a "la flagrante e inaceptable violación del principio constitucional de igualdad de todos los españoles ante la ley", al pretender "la impunidad de graves delitos cometidos, lo que supone una derogación singular del Código Penal para los beneficiarios de la misma". También denuncian "la quiebra del principio de separación de poderes y de la independencia judicial, mediante el espurio concepto de 'lawfare', con la pretensión de que el Congreso investigue la actuación de los jueces y los tenga bajo sospecha". Además, se quejan del "grave menoscabo de la posición y funciones de las Cortes Generales" al establecer que los acuerdos "responderán a las demandas mayoritarias" de los parlamentos de Catalunya y el País Vasco, lo cual supone, a su juicio, "una mutación constitucional de profundo calado".
Los firmantes advierten también del establecimiento de "privilegios de índole económica y financiera", de la "seria amenaza de romper con la caja única de la Seguridad Social" y de "la aceptación de un 'relato' sobre lo sucedido en Cataluña en los últimos quince años que, además de falso, invierte los papeles para vilipendiar a los servidores de la ley y de la Constitución y premiar a los transgresores".