El Tribunal Supremo emitió una providencia, a principios del mes de julio, por la cual ordenaba a la Sección Cuarta del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJ) que se abstuviera de seguir sentenciando sobre el decreto de plurilingüismo de la Generalitat Valenciana, pues la norma ya había sido derogada. Se desconoce el efecto que la orden de la máxima autoridad judicial ha causado en estos magistrados que, con sus últimas sentencias, están dinamitando las iniciativas políticas del Consell y las decisiones legislativas de las Corts Valencianes de los últimos años.
La satisfacción de la Generalitat Valenciana por verse amparada por la resolución del Tribunal Supremo se transformó en perplejidad a los quince días cuando esta misma Sala Cuarta del TSJ decretó la anulación de 13 artículos del decreto de uso del valenciano en la administración.
La sala estimó que es contrario a derecho considerar el valenciano lengua destacada (cuando sólo la utiliza un 13% de los funcionarios en su trato profesional con los ciudadanos), que las comunicaciones orales y escritas de la Generalitat Valenciana con otras autonomías debe hacerse en castellano, también con Catalunya y las Illes Balears y así un largo etcétera de recortes que harán del valenciano la lengua “muerta” que resucitó en la unidad de cuidados intensivos de la mano de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià allá por el año 1985.
Pero el interés legislativo de los magistrados de esta sala no termina ahí. Esta misma semana se ha conocido una nueva sentencia que obliga a la Generalitat a ofertar la asignatura de Religión en segundo de Bachillerato, aunque la ley Orgánica de Mejora de la Educación, LOMCE, dejara en manos de las comunidades autónomas, la regulación y la programación de las materias optativas específicas.
A priori, es difícil entender en qué se sustenta el perjuicio de lo legislado por los 99 diputados de las Corts Valencianes y el gran beneficio de estas tres sentencias, para el interés general de la ciudadanía. Todas, gestadas en esta sala cuarta del TSJ Valenciano, que como informó el semanario El Temps, tiene al frente a tres magistrados no exentos de peculiaridades.
Se trata de Miguel Ángel Olarte, Edilberto José Narbón y Manuel José Domingo Zaballos, a cargo de esta sección cuarta de la sala contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia.
Narbón, al igual que Olarte miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, respondió así a una pregunta sobre el catalán y el valenciano en el ámbito de la Universitat de València, “la Universitat, desde el punto de vista científico, puede pensar que valenciano y catalán son la misma lengua, pero jurídicamente, los estatutos de la Universidad deberían ajustarse al Estatuto valenciano y hablar de lengua valenciana para evitar conflictos".
Este magistrado, según la citada publicación, es considerado por muchos el juez que avaló el modelo urbanístico del PP valenciano. Dio su voto favorable a la construcción de una macro urbanización en la Serra d'Escalona y se mostró en contra de la anulación del controvertido Plan Rabassa, impulsado por el polémico constructor Enrique Ortiz en Alacant.
En 2004, avaló la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez de la ciudad de València a través del barrio del Cabanyal impulsada por Rita Barberá, que posteriormente el Ministerio de Cultura consideró expolio de bienes de alto valor cultural.
Domingo Zaballos también es recordado por sus vínculos con el PP. Y más concretamente con la propia Barberá; fue secretario municipal del Ayuntamiento de València en los años 90. Una época en la que se aprobó el Reglamento municipal sobre uso y normalización del valenciano en el municipio de València (1996).
Un texto con un espíritu similar al que ahora ha sido anulado parcialmente y que establecía que los funcionarios tenían la obligación de "saber el valenciano" o que el personal municipal debía procurar usar "preferentemente" el valenciano. El PP dejó sin aplicación de manera inmediata este documento.
Así las cosas, no es de extrañar que los ciudadanos españoles sean de los que más desconfían de la justicia y su independencia, según el último informe publicado por la Comunidad Europea. Una imagen que valdría la pena reformar.