Junio de 2019 presenta una situación "administrativa" diferente a la de septiembre de 2015, cuando la naviera Baleària cedió al Govern valenciano un barco para llevar hasta Grecia ayuda humanitaria y volver con 1.100 personas refugiadas. En aquella ocasión, el ejecutivo español congeló la iniciativa argumentando que se trataba "de un problema europeo", y el delegado del gobierno español en el País Valencià, Juan Carlos Moragues, criticó el ofrecimiento del Consell de desplazar el buque Martí i Soler a Lesbos. La operación se tenía que coordinar desde la Generalitat, pero hacía falta la autorización del gobierno del Estado.

Ahora, el Govern valenciano del PSPV y Compromís, con el apoyo de Podem, se saca la espina con la llegada del Aquarius, con 629 migrantes libios, porque sí que cuenta con el beneplácito del gobierno español (PSOE), pues Pedro Sánchez afirmó, este lunes: "Es nuestra obligación ayudar a evitar una catástrofe humanitaria y ofrecer un puerto seguro a estas personas, de manera que se cumpla con las obligaciones del derecho Internacional.

A pesar de que la ONG Médicos Sin Fronteras había advertido del riesgo de que el barco Aquarius viajará con 629 personas a bordo hasta el puerto de València, en las últimas horas, las dificultades logísticas se han resuelto y la embarcación, propiedad de la ONG francesa SOS Méditerranée, navega ya rumbo a València escoltado por la Marina italiana. Se les espera el viernes o el sábado.

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Con el fin de coordinar cómo actuar cuando lleguen los migrantes, el Consell valencià ha creado una comisión mixta en la que están las conselleries de Sanitat, Educació y Igualtat i Polítiques Inclusives; las diputaciones; la Universidad, y las entidades ACNUR (la Agencia de la ONU para los Refugiados), Cáritas, CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) y Cruz Roja. También participan representantes del Ayuntamiento de València y de la Autoridad Portuaria. El presidente de la naviera Baleària también ha ofrecido la logística que se pueda necesitar, tanto en tierra como en el mar. Se tienen que resolver las garantías legales y de asilo de todas las personas, la protección de los menores que viajan sin acompañantes, así como las sanitarias, de manutención y de alojamiento.

Gobiernos y ayuntamientos ofrecen sus medios

Catalunya, mediante el president Quim Torra, la presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, el gobierno Vasco, Navarra y muchos ayuntamientos, como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se han ofrecido para acoger migrantes del Aquarius.

La vicepresidenta del Govern valenciano, Mónica Oltra, ha destacado que, en el caso del País Valencià, "los dispositivos para acoger y cumplir el derecho internacional están preparados desde 2015". Así pues, este protocolo del 2015, que nunca se llegó a aplicar por la negativa del gobierno español, servirá como base para recibir a las más de 600 personas recién llegadas.

No obstante, hay dos diferencias significativas que se han tratado en la comisión: por una parte, el papel del gobierno estatal, ausente en el primer plan de actuación de respuesta urgente y de emergencia; y por otra parte, que según aquel plan, el País Valencià está en disposición de acoger a más del doble de personas que las que vienen en el barco. En total, hay cerca de 1.400 plazas disponibles para personas refugiadas a lo largo de todo el territorio.

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En el 2015 la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives habilitó una dotación económica inicial de 620.000 euros y creó una red de ciudades valencianas acogedoras de personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo, con un registro de las familias acogedoras. Esta red de municipios refugio coordinada por el Consell tiene 133 localidades adheridas, 39 en la demarcación de Alacant, 24 en la demarcación de Castelló y 70 en la demarcación de València. Además, se dispone de 96 pisos, 192 habitaciones en domicilios particulares y más de 600 plazas en albergues, entre otros recursos.

También Cajamar cedió a la Generalitat inmuebles para la acogida de personas refugiadas durante un periodo de cinco años. En noviembre de aquel año 2015, se constituyó la comisión mixta de atención y ayuda para refugiados y desplazados que, hoy, ya está poniendo en marcha toda la maquinaria para ofrecer una acogida de emergencia a las 629 personas que navegan desde Malta hasta València. Es una segunda oportunidad político-humanitaria que deberá que tener su continuidad, puede ser, ahora sí, sin trabas administrativas.

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