El alcalde de Alacant, el socialista Gabriel Echávarri, no piensa dimitir de su cargo a pesar de que la Audiencia Provincial haya confirmado su procesamiento por los presuntos delitos de prevaricación y usurpación de funciones por el fraccionamiento de diferentes contratos hechos por la concejalía de Comercio en 2016. Las facturas en las que hubo una "posible omisión de procedimiento público" ascendían a 144.000 euros. El tribunal mantiene que hay indicios que el primer edil y dos de sus asesores tuvieron una actuación "arbitraria".

El entorno del alcalde siempre ha mantenido la tesis de que todo es una denuncia política del PP y que no se trata de un caso de corrupción. Además señalan que la dirección del PSPV regional siempre ha sido informada del proceso. No obstante, Echávarri ha dimitido este fin de semana de su cargo de secretario general de la ejecutiva comarcal de Alacant con el fin de evitar la disolución de la agrupación local y la creación de una gestora.

La denuncia fue presentada por el PP ante de la fiscalía y el inicio del procedimiento judicial provocó la ruptura del tripartito, conformado por los 14 concejales del PSOE, Guanyar y Compromís. La coalición ha reclamado el relevo de Echávarri, que gobierna en minoría desde hace meses, pero el futuro político del alcalde de la segunda ciudad del País Valencià puede complicarse todavía más en los próximos días, dado que en otro juzgado está a punto de concluir una investigación contar él para despedir a la cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala, después de que este denunciara ante la fiscalía el presunto fraccionamiento. Echávarri se ha postulado, en declaraciones recientes, para repetir como número 1 en la candidatura socialista para las elecciones del 2019. Todo el mundo espera ahora que Ximo Puig, secretario general del PSPV, le pida su dimisión, hecho que no se producirá, previsiblemente, hasta que no se fije la fecha para el juicio oral.