La decisión del Tribunal Superior de Justicia Valenciano de recortar el uso del valenciano a las instituciones valencianas ha provocado numerosas reacciones contrarias a la decisión judicial tanto por parte de la Generalitat Valenciana como de otras entidades culturales y partidos políticos.

El Consejo estudia la posibilidad de recurrir la sentencia por que no comparte los preceptos por los cuales la sección 4 del alto tribunal valenciano anula algunos apartados de once artículos del decreto en cuestión. Así, el gobierno valenciano recuerda que el artículo 4 del decreto, que no se ha anulado, contiene los siguientes puntos: "El valenciano es la lengua propia de la Administración de la Generalitat y, como tal, será la lengua destacada de uso normal y general sin que se pueda entender de esta declaración ninguna limitación respecto del castellano".

ACPV rechaza la postura del TSJ, "porque posiciona junto con el PP en la decisión de impedir la dignificación del valenciano como lengua propia del pueblo valenciano y pretende mantenerla en el status de lengua secundaria". Acción Cultural calificaba el recurso del PPCV como un mecanismo "partidista" para "crear un conflicto artificial y divisiones y enfrentamientos dentro de la sociedad". Finalmente, ACPV señalaba en un comunicado la "pretensión de un sector significativo del poder judicial de cuestionar la soberanía popular representada por las Corts Valencianas y el Consejo y de corregir sus legítimas y democráticas decisiones, con la alteración del frágil equilibrio de la división de poder que caracteriza una democracia adelantada".

 

 

Plataforma per la Llengua considera la decisión de la Sección Cuarta del alto tribunal como una "interferencia política del poder judicial" en las políticas de normalización lingüística e instan al Consejo a través de un comunicado a garantizar que el valenciano sea la lengua propia de la Administración. la Plataforma aboga para que sean las administraciones las quienes dan validez o no a los documentos que reciben, incidía por|para lo que hace la decisión del tribunal de obligar a enviar en castellano la información incluso en los territorios que comparten lengua propia.

PPCV y Ciutadans se han mostrado satisfechos por el nuevo "garrotazo" contra el Consell