El exalcalde de Alacant por el PP, Luis Díaz Alperi, se enfrenta desde hoy a un juicio por un presunto fraude a Hacienda de cerca de 700.000 euros y por soborno. Unos delitos por los cuales, la Fiscalía solicita condenas que suman 9 años y 9 meses de prisión, según informa Efe. Junto al ex alcalde y exdiputado autonómico se sentarán también en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal 6 de Alacant los empresarios Antonio Solana y Antonio Moreno y el responsable del puerto deportivo alicantino, Javier Palacio.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado, que ejerce la acusación particular en el proceso en representación de la Agencia Estatal Tributaria (AET), sostienen que Díaz Alperi dejó de ingresar 682.681 euros en Hacienda durante los años 2007, 2008 y 2010. Así, la mayor parte de esta cantidad –405.351 euros– corresponde en el ejercicio de 2007, cuando el entonces alcalde tuvo unos ingresos reales de 1.004.878 euros, pero solamente declaró unas retribuciones de 113.250 euros por sus cargos públicos. El presunto fraude de 2008 asciende a 144.862 euros y está relacionado con un incremento patrimonial no declarado por la adquisición de una embarcación tipo catamarán de 15,54 metros de eslora, bautizada con el nombre de Akra Un, a través de la sociedad Andarx Bussines SL.
La denuncia fue presentada en 2013 e investigada por la Sala de lo Civil y penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano a causa del aforamiento del político, por su condición de diputado en el grupo popular de les Corts.
Pendiente también del caso Brugal
El antiguo dirigente del PP está también a la espera de otro proceso judicial –el conocido como el 'Caso Brugal'- para favorecer supuestamente al empresario Enrique Ortiz en Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), hecho por el cual se enfrenta a peticiones de condenas que rondan los diez años de prisión. Sin embargo, el ex líder popular no es el único implicado en este caso; su sucesora Sonia Castedo es otra de las piezas de este rompecabezas. El Ministerio Público les acusa los dos de delitos continuados de revelación de información privilegiada, soborno, prevaricación y tráfico de influencias.