Jorge Rodríguez y los otros cinco detenidos por presunta corrupción están en dependencias policiales hasta que sean citados ante el juez para prestar declaración. Se les acusa de presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de dinero público en contratos de Divalterra, la empresa pública de brigadas forestales de la Diputación de València.
Cuando Rodríguez haya de presentarse ante el juez ya no será ni presidente de la Diputación de València ni alcalde de Ontinyent, ni portavoz de la ejecutiva de los socialistas valencianos porque el PSPV ha decidido apartarlo de todos sus cargos públicos y tratar de frenar el escándalo político y pérdida de credibilidad que ha producido este nuevo caso de corrupción política a las instituciones públicas valencianas. Ahora el protagonista de un nuevo escándalo de presunta corrupción es un alto cargo socialista y no del PP como los últimos veinte años.
Como las investigaciones han sido declaradas secretas, es imposible de asegurar que están buscando los investigadores y que amplitud tiene el caso como por haber detenido a seis personas, y registrado domicilios particulares además de las instalaciones del ayuntamiento de Ontinyent y de la Diputación de València.
La investigación se inició a partir de la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de València. Se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, la antigua Imelsa, en el 2015. El juzgado de instrucción número 9 de Valencia coordina esta operación contra la corrupción en la cual se mantienen detenidos el presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, del PSPV-PSOE, su jefe de gabinete, Ricard Gallego, los cogerentes de Divalterra (Xavier Simón y Agustina Brines), un asesor de Presidencia y el letrado de Presidencia de la Diputación, Jorge Cuerda.
Contrataciones de directivos en dedo
El representante de Ciudadanos en el consejo de administración de Divalterra, Jorge Ochando, presentó el mes de abril pasado una denuncia delante de la Fiscalía Anticorrupción de Valencia contra el presidente de la corporación provincial por presuntas irregularidades en los contratos de alta dirección en la nueva Imelsa.
La información aportada se añadió a otras diligencias previas. La Fiscalía acabó presentando una denuncia el mes de mayo y este miércoles se ha desplegado el renombre "Operación Alquería", durante la cual han detenido a Jorge Rodríguez.
Los siete contratos de alta dirección por los que han pasado una docena de personas fueron muy criticados por la oposición de PP y Ciudadanos desde un principio, pero también desde Izquierda Unida, que forma parte del Gobierno en cuatro -PSPV, Compromiso, Valencia en común y EUPV- que gobierna la Diputación. Aunque se aprobaron sin pasar por el consejo de administración y hasta 14 informes contradictorios,
Los contratos convertían a jefes de área en altos directivos y disparaban sus salarios hasta los 69.000 euros, aunque la mayoría ganaban entre 50.000 y 59.000 euros. Los cogerentes ahora detenidos -Agustina Brines y Xavier Simó- son personal muy vinculado a los partidos tanto del PSPV como de Compromís. De hecho, tres cargos los elegía la coalición y otros cuatro los socialistas.