Un informe del Instituto de Derecho Público, que dirige el constitucionalista Eliseo Aja, sostiene que el Tribunal Constitucional (TC) ha impedido "sentencia tras sentencia" que las comunidades autónomas hayan podido aprovechar sus competencias sociales para paliar los "estragos" de la crisis al negarles la posibilidad de ir más allá de la legislación básica dictada por el gobierno español, informa la agencia Europa Press.

Este análisis forma parte del informe sobre el estado autonómico en 2017 que elabora el Instituto, un centro universitario de análisis e investigación en Derecho Público que todos los años realiza este trabajo y lo presenta en una jornada en el Senado, en colaboración con la Fundación Jiménez Abad.

El trabajo explica que el Estado puede aprobar legislación básica sobre las competencias que comparte con las Comunidades Autónomas. Esas normas tienen que servir para establecer un mínimo "común y uniforme en cada materia" en todo el Estado dejando capacidad a las autonomías para ir más allá.

Salud universal

El texto cita varios ejemplos, como la atención sanitaria, cuando a su juicio tienen capacidad para ello, pero, aun así, el Partido Popular interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la universalidad del sistema valenciano impulsado por el Consell.

El Consejo de Ministros acordó el 23 de octubre del 2015 interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto ley 3/2015, del 24 julio, del gobierno valenciano después de varios encuentros bilaterales entre ambos ejecutivos.

La primera norma emanada del gobierno del Botánico regulaba el acceso universal a la atención sanitaria en el País Valencià, pero el ejecutivo presidido por Mariano Rajoy argumentó que el decreto incurría en una extralimitación de competencias del Consejo. Semanas después, la ley valenciana quedaba suspendida cautelarmente al admitir el alto tribunal el recurso del gobierno español.

No fue hasta el 4 de marzo del año siguiente que el Constitucional levantó la suspensión del decreto ley, solicitada por el Consejo, que argumentó motivos de salud pública a la vez que señalaba los antecedentes jurídicos del País Vasco y Navarra.

"Durante décadas", añaden a los autores del informe, el Tribunal Constitucional ha sostenido este criterio, pero en los últimos años se ha convertido "paradójicamente" en la "principal amenaza" del ejercicio del autogobierno. "La jurisprudencia se ha alejado de su fin", aseguran.

Beneficios y presupuestos

El Constitucional ha dado la razón al gobierno español contra decisiones de diferentes gobiernos autonómicos que ampliaban beneficios para sus ciudadanos con cargo a sus presupuestos, señalan. Y, citan, en este sentido, la tarjeta sanitaria para los extranjeros en situación irregular aprobada por el País Vasco o el acceso universal a la sanidad en el País Valencià, ambas decisiones declaradas inconstitucionales.

Además, los expertos apuntan que a otras decisiones políticas autonómicas les espera similar futuro de inconstitucionalidad, como normativas sobre rentas mínimas de inserción social, bonificaciones a las tasas académicas o medidas respecto de desahucios que han ido tomando los gobiernos autonómicos y que tienen el riesgo de ser declaradas contrarias a la carta Magna.

"Parece razonable creer que las bases estatales en materia de sanidad pueden ser completadas, como ocurre en otras materias como el medio ambiente, con normas autonómicas más protectoras y sufragadas a sus expensas", se afirma en el informe.

Los autores agregan que se está impidiendo así a las comunidades que palíen "los estragos provocados por los recortes" en los servicios públicos "sin que sea sencillo advertir las razones de la falta de sensibilidad social de esta jurisprudencia centralizadora".

Estos expertos se preguntan por las causas por las cuales las normas básicas estatales agotan "a una vez y otra todo el espacio normativo" y dudan de que se pueda defender este criterio apelando al equilibrio presupuestario, a la obligación constitucional de mantener a raya el déficit. A su juicio, no tendría que dar permiso para "desarbolar el sistema" de competencias compartidas.