Cuando hoy nos hayamos levantado de la cama, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez ya habrán dormido tres noches en la prisión de Soto del Real. Los ha encerrado la justicia española a través de la Audiencia Nacional y la juez Carmen Lamela, que ha asumido de forma injustificadamente acrítica y no contrastada los informes policiales sobre los acontecimientos del 20 de octubre y la interpretación política que hizo la fiscalía, ignorando el carácter absolutamente pacífico de la concentración, y que, en consecuencia, les ha imputado un delito de sedición. La juez, además, ha dictado contra ellos un auto de prisión preventivo que, como es sabido, sólo debería ser aplicable en casos muy precisos y de peligro o amenaza evidente.

Es difícil no pensar que, en ambos casos, se ha tomado una decisión manifiestamente injusta y arbitraria que responde, más bien, a consideraciones claramente políticas, por la motivación de la concentración de la que la Audiencia les hace responsables de haber convocado, y por la finalidad supuesta, ya que la juez considera que las movilizaciones “se enmarcan dentro de una compleja estrategia” que se lleva a cabo desde hace tiempo “en ejecución de la hoja de ruta diseñada para llegar a obtener la independencia de Catalunya”. Como ya han puesto de manifiesto varios juristas, el encarcelamiento se ha dictado, más que por los hechos imputados, por la motivación que se les atribuye y por los objetivos que supuestamente se perseguían.

Con esto, la juez no ha hecho sino aplicar jurídicamente la posición ya anunciada del Gobierno español, al pie de la letra, cosa que constituye, una vez más, una burla, insólita aquí por su gravedad, a la separación de poderes que debería regir las normas básicas de un sistema democrático decente. No extraña que el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, haya denunciado que el encarcelamiento de Cuixart y Sànchez atenta contra derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de reunión y manifestación, y el derecho a la libertad y la seguridad. Y no extraña que se haya generalizado la consideración de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez como presos políticos, ya que, en realidad, nos encontramos ante una aberración más en la lógica autoritaria y represiva del Estado español contra el independentismo en Catalunya. En realidad, tanto en Catalunya como en el resto del Estado, son multitud las voces que, desde posicionamientos no independentistas, han considerado estos encarcelamientos como una auténtica aberración jurídica, un abuso político y una indignidad moral. Cuando termino estas líneas, Amnistía Internacional ha hecho público un comunicado en que considera “restricciones excesivas de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica” los cargos de sedición contra Cuixart y Sànchez, y en que pide, además de la retirada de los cargos, que se ponga fin de manera inmediata a su encarcelamiento. El Estado español, denunciado por Amnistía Internacional, ¡poca broma!

Hace años que mucha gente alertaba sobre la extensión de los déficits democráticos del sistema español. Pero ahora, en las últimas semanas, el Estado español, a través de todas las instancias legislativas, ejecutivas, judiciales y policiales, ha traspasado los límites de lo que habitualmente son líneas rojas en cualquier sistema democrático homologado. Se han dejado en suspenso derechos y libertades fundamentales, hasta extremos que justificadamente han sido comparados a un estado de excepción no declarado; se ha enviado a la Policía Nacional y la Guardia Civil a ejercer una violencia intolerable contra ciudadanos pacíficos, denunciada incluso por organismos internacionales independientes tan poco sospechosos como Human Rights Watch; y ahora se ha encarcelado a los máximos dirigentes de dos organizaciones cívicas de carácter cultural y político por una concentración pacífica (en la cual, incluso, se llegó a cantar, en los momentos de máximo “tumulto”.... ¡el Virolai!).

Hasta ahora, los exquisitos equidistantes, que habían asistido, desde 2010, al incremento del posicionamiento independentista entre la ciudadanía de Catalunya, habían mantenido, con unos aires inequívocos de superioridad moral, una posición, decían, igualmente separada del nacionalismo español y del nacionalismo catalán. Desde este tipo de supuesto centro, dirigían sus ataques tanto contra lo que consideraban un posicionamiento estéril, e incluso autoritario, del Gobierno del PP, como contra lo que calificaban de deriva delirante en las filas del soberanismo independentista. Desde una especie de atalaya genéricamente cosmopolita propia de los “ciudadanos del mundo” con que les gusta presentarse, consideraban por igual aquellas actitudes, sin más matices ni distinciones, como regresivas políticamente, anacrónicas históricamente y sentimentales o directamente irracionales desde un punto de vista intelectual. Tanto las unas como las otras, indistintamente.

Los más ingenuos habían pensado que, ante la suspensión de derechos y libertades fundamentales, de la brutal violencia policial del 1-O y del encarcelamiento de Cuixart y Sànchez, los equidistantes, finalmente, habrían tomado partido en defensa de cuestiones políticamente tan básicas y elementales del juego democrático, sin las cuales la democracia no es más que una fórmula retórica. Pero ahora descubrimos, ante la tensión que ha provocado la represión judicial, la violencia policial y el autoritarismo del Estado, que, sin ni siquiera inmutarse, los equidistantes siguen atribuyendo y repartiendo culpas, con la misma superioridad moral, a ambos lados. Así, ahora resulta que, en lo que pasa, según dicen, tanta culpa tienen los policías maltratadores como las víctimas de su violencia, y tanta la supuesta justicia que ha encarcelado a Cuixart y Sànchez como los encarcelados injustamente y sin motivo.

No es una cuestión inocua. Cuando se desata la arbitrariedad judicial en forma de venganza, la violencia policial contra la ciudadanía pacífica, y la represión y el encarcelamiento de la disidencia política, no es posible la equidistancia, si no es al precio de ser cómplice de todo ello. Quien no se pone en contra de la injusticia, se pone al lado de quien la comete. Contra la equidistancia, no está la radicalidad, sino la ecuanimidad.