En julio del 2015, el Parlament de Catalunya aprobó la Ley 24/2015, que establecía una serie de medidas, consideradas urgentes, para hacer frente de manera efectiva a la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Se daba así forma legislativa a una problemática social que había conmocionado la sociedad catalana, debido fundamentalmente a los efectos de la crisis económica y ocupacional y también debido, hay que decirlo, a la voracidad especulativa de inversores inmobiliarios que habían provocado un aumento desorbitado, realmente alarmante, de los precios de la vivienda. En realidad, la Ley era el resultado de una Iniciativa Legislativa Popular, expresión muy mayoritaria de la voluntad política ciudadana, impulsada por la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca (PAH), la Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) y el observatorio DESC, y que recibió el apoyo de ciento cincuenta mil firmas. Conscientes quizás de que era moralmente inaceptable oponerse a esta iniciativa, la totalidad de grupos parlamentarios de la cámara catalana aprobaron por unanimidad (habéis leído bien: ¡por unanimidad!) la Ley 24/2015.

La aplicación de la ley ha permitido, durante estos tres años, evitar 40.000 cortes de luz que, sin el amparo legislativo, habría provocado un endurecimiento literalmente insoportable de la vida cotidiana en muchas familias catalanas, en un país, como este, en que el 20% de la población vive en situación de riesgo de pobreza, con una tasa que llega al 28% cuando se trata de menores de dieciséis años.

En los últimos tres años, sólo en Catalunya se han producido treinta y cinco mil (¡35.000!) desahucios. Sólo en lo que llevamos del 2018, se han producido en Catalunya 7.977 desahucios

El gobierno del Partido Popular, sin embargo, en pleno ejercicio de su fundamentalismo represivo contra cualquier iniciativa de todo tipo, también inequívocamente social como esta, surgida del Parlament de Catalunya, presentó un recurso al Tribunal Constitucional, el cual, mientras esperaba a resolver el litigio, suspendió buena parte del articulado de la Ley, especialmente todo aquello que hacía referencia a las políticas de vivienda que debían enmendar una auténtica anomalía, tan indecente como aberrante, provocada por los desahucios masivos. Justamente por eso, porque no se ha podido aplicar ni ejecutar esta Ley unánimemente aprobada, en los últimos tres años, sólo en Catalunya se han producido treinta y cinco mil (¡35.000!) desahucios. Sólo en lo que llevamos del 2018, se han producido en Catalunya 7.977 desahucios, casi ocho mil familias, de las cuales cinco mil han quedado en la calle por imposibilidad de hacer frente a la expulsión de su casa. Cada día, gracias al recurso del Partido Popular, se están produciendo sesenta y un desahucios diarios. Sesenta y una familias, muchas de ellas con menores, están siendo echadas en Catalunya de su casa cada día que pasa. Tienen nombre y apellidos. Eran vecinos y vecinas de gente que ve, impotente, cómo les destrozan la vida y los tiran a un estado de precariedad y vulnerabilidad difícilmente sostenible.

Y, sin embargo, la Ley está aprobada. Pero suspendida por un Tribunal Constitucional muy rápido en según qué cuestiones, pero perezoso, inmoralmente perezoso, en cuestiones de emergencia social. El gobierno del PSOE se comprometió a retirar el recurso a fin de que la Ley pudiera aplicarse y ejecutarse. Pero en eso, como en tantas otras cosas, algunas igual de hirientes, el gobierno de Pedro Sánchez sólo ha sido capaz de emitir vagas promesas, buenas palabras y gesticulaciones retóricas.

Por eso, este miércoles, delante mismo del Parlamento, las entidades impulsoras de la IPL, conscientes de la magnitud y el drama que provoca esta situación, han presentado un manifiesto que exige la recuperación inmediata de la Ley 24/2015 y su aplicación inmediata. En concreto, reclaman del gobierno del PSOE la retirada urgente del recurso delante del TC, la única iniciativa que permitiría la aplicación de la Ley y la detención de los vergonzosos desahucios, y emplazan al consejo de ministros a tomar la decisión este mes de octubre, antes de que la llegada del frío provoque un dolor parecido y análogo al que ya se ha vivido durante los últimos inviernos de gobierno del Partido Popular. El manifiesto ha sido firmado y avalado por varios ayuntamientos catalanes, empezando por Barcelona y Sabadell, por varias entidades municipalistas, por sindicatos, organizaciones en defensa de los derechos sociales y entidades como Òmnium y la ANC.

No hay libertad sin justicia social

Lo sabemos: no hay libertad sin justicia social. No hay democracia sin políticas de igualdad y contra la vulnerabilidad y la exclusión. No hay soberanía sin respeto por las Iniciativas Legislativas Populares y sin respeto por las leyes aprobadas democráticamente por el Parlament de Catalunya, como esta, que fue votada por unanimidad de la cámara en julio de 2015, en cumplimiento de la demanda unánime de la ciudadanía de Catalunya, e incomprensiblemente suspendida por un Tribunal Constitucional que ha hecho bastantes méritos para pasar a la Historia de la indignidad y la indecencia.

Hace tiempo que las entidades del Tercer Sector saben, proclaman y reclaman lo que tendría que ser uno de los retos colectivos más urgentes para los tiempos que vienen: la consideración de los derechos sociales fundamentales, y el de la vivienda es uno de los básicos, como derechos imperativos, de cumplimiento inexcusable, porque son los que tienen que garantizar el mínimo exigible para una vida se digna. Cosa que, aplicada al caso de que nos ocupa, quiere decir: el derecho a la vivienda y las medidas contra la pobreza energética no son una gracia generosa de la administración, sino aquello que hace que una administración o un Estado no caigan en el pozo de la indignidad irreversible. 

Lo que en el 2015 eran medidas urgentes de emergencia, lo siguen siendo desgraciadamente todavía hoy: sin salir de Ciutat Vella de Barcelona, desde donde escribo estas líneas, este miércoles había una orden de desahucio en la calle Ferlandina del Raval (donde vivía un menor) y, al cabo de dos horas, otra en la calle Balboa de la Barceloneta (¡y vivían dos menores!). Tolerar esta vergüenza indecente es la línea roja que hace caer a una sociedad en la barbarie.

Mientras, en este mismo Estado que desprecia los derechos civiles y sociales, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez llevan un año y dos días encarcelados injustamente por delitos no comentidos que solo existen en la cabeza enfebrecida de los informes de la Guardia Civil, y en los escritos de la Fiscalía y del Tribunal Supremo. Y, con la misma aberración jurídica, Oriol Junqueras y Joaquim Forn llevan 350 días injustamente encarcelados; Dolors Bassa, Jordi Turull, Raül Romeva i Josep Rull, 241; y Carme Forcadell, 210.