Estos días de agosto he dado algunas vueltas por Catalunya. Nada del otro mundo, pero me ha permitido constatar de nuevo una realidad que tenemos en muchas villas medias de nuestro país, tanto del mundo rural como de la parte litoral, pasando por el Pirineo. En todas partes encontramos centros históricos degradados, con comercios cerrados y edificios emblemáticos abandonados. Se ha difuminado o borrado la vida comunitaria de tiempos pasados, y a veces nada indica ni siquiera que estemos en Catalunya. Todo el mundo lo ha podido constatar y todos tenemos ciudades y pueblos en la cabeza donde sabemos que esto ha pasado y sigue pasando. Son las pequeñas Detroit de Catalunya. Las causas son diversas, por supuesto. Muchas familias de toda la vida se marchan del centro para ir a las afueras, donde pueden tener casas más modernas, luminosas y espaciosas, a veces con piscina y con más de una plaza de aparcamiento. Dejan atrás pisos y edificios más pequeños y estrechos para tener una mejor calidad de vida. Nada que decir. Sin embargo, muchas de estas familias también se marchan de los cascos históricos por la degradación que tienen a su alrededor, porque ya no reconocen sus barrios y porque muchos vecinos ya se han ido. Es un pez que se muerde la cola, con una solución muy difícil, porque no hay soluciones mágicas. Por si fuera poco, las promociones públicas de vivienda en los centros históricos son escasas y los requisitos dejan fuera sistemáticamente a los jóvenes y las familias de clase media, porque a menudo no son lo suficientemente ricos para comprarse una vivienda adecuada y a la vez no son suficientemente pobres para acceder a una vivienda protegida. Y así es como los centros históricos de muchas villas se van degradando sin remedio. Hay excepciones, naturalmente, y merece la pena poner en valor el trabajo de muchos alcaldes y alcaldesas que desde hace años trabajan para evitarlo. Girona y Solsona son, en este sentido, buenos ejemplos de ello. Otros municipios hacen un buen trabajo, como Vic o Igualada, pero no pueden bajar la guardia.
Aprender nuestra lengua es lo mínimo que puede hacer una persona que tiene acceso a una vivienda que pagamos el resto con nuestros impuestos
Una buena forma de afrontar esta situación es condicionar la concesión de ayudas sociales, y muy principalmente el acceso a una vivienda de protección oficial, al conocimiento de la lengua propia del país. Quizás ha llegado la hora de reclamar que el conocimiento de la lengua catalana (y si queréis también de la lengua castellana, pero esta la sabe casi todo el mundo) sea un requisito a la hora de acceder a las ayudas y prestaciones sociales. Lo defiendo por varios motivos. Para empezar, es una buena medida para asegurar la continuidad del ecosistema catalanohablante en centros urbanos en los que la lengua ha sido siempre un elemento de cohesión social. Si somos capaces de hacer leyes exigentes para hacer respetar ecosistemas naturales, ¿no debemos hacer lo mismo con ecosistemas lingüísticos y culturales? No estoy diciendo nada revolucionario: en Gales hace años que hay que demostrar un conocimiento de la lengua galesa para poder comprar una propiedad en determinadas zonas del país. Además, aprender nuestra lengua es lo mínimo que puede hacer una persona que tiene acceso a una vivienda que pagamos el resto con nuestros impuestos. Hay que ser agradecido y demostrar empatía con quien te ayuda, al igual que los que ayudan a los menos favorecidos demuestran un alto nivel de empatía.
Alguna patrulla de la Stasi del siglo XXI dirá que la propuesta es racista; sin embargo, es absolutamente lo contrario, dado que es un mecanismo rápido de integración con un incentivo muy importante. En este sentido, los primeros beneficiarios de esta medida serían las personas que, hoy, viven en nuestro país y no saben catalán. Aprenderlo los empoderaría y les permitiría acceder no solo a la ayuda social a la que aspiran, sino también al ascensor social catalán, porque todo el mundo sabe que hay una serie de trabajos y entornos sociales a los que no se puede acceder sin saber la lengua catalana. Es precisamente por eso que el apoyo de los recién llegados a la escuela en catalán es altísimo, porque saben que sus hijos e hijas progresan mejor con un buen conocimiento de la lengua propia del país. Por lo tanto, para ellos sería un doble incentivo: poder acceder a la prestación o a una vivienda y facilitarles por la vía rápida una mayor integración laboral, social y nacional. ¿Quién puede estar en contra? Ya os lo digo yo: solo la gente que va en contra de la lengua catalana.
Desde hace décadas oímos, por parte de nuestros gobiernos y los partidos políticos centrales, que la lengua catalana es un elemento de cohesión social. También nos repiten día y noche que la lengua es el eje vertebrador de nuestra sociedad. Ambas cosas son del todo ciertas, pero a menudo quedan solo reducidas a un titular o a un eslogan institucional. Si realmente queremos que el catalán sea un elemento cohesionador y vertebrador, que permita el ascenso social de los recién llegados y constituya un ascensor laboral, tenemos que ofrecer incentivos reales para el aprendizaje del catalán, más allá de palmaditas en la espalda y guiños cómplices. Si se vinculan las ayudas sociales al conocimiento de la lengua, el catalán dejará de ser optativo o un complemento, y pasará a ser un elemento obligatorio de integración en nuestro país. Por cierto, tenemos que dejar de valorar propuestas como esta desde el punto de vista de los catalanes de siempre, y tenemos que hacerlo también desde el punto de vista de los nuevos catalanes. Si quieren aprender nuestra lengua, aunque les cueste al principio, debemos ponerles una alfombra roja; pero, si no quieren aprenderla en modo alguno, yo no quiero pagarles un piso de protección oficial. Lisa y llanamente.