"Nosotros hemos sido siempre respetuosos con la independencia judicial. Son otros los que han hablado de la puerta de atrás"
Pedro Sánchez
Muchos se preguntan si existe una puerta de atrás en la justicia. Esa que el PSOE lleva denunciando incesantemente, pero con trampa propagandística. No habrán sacado veces a relucir el mensaje de Ignacio Cosidó, el de controlar la Sala II por la puerta de atrás. Pocas veces han recordado que es un mensaje remitido al grupo del PP para que no se encalabrinase por el pacto al que habían llegado los populares con el PSOE, en concreto con Dolores Delgado, ministra de Justicia. Un mensaje obsceno, pornográfico si se quiere, tanto que alguien de dentro lo reventó haciéndolo público, sí, aunque hablaba de un acuerdo alcanzado entre los dos grandes partidos. Cuando se hace referencia al mismo, suele ser para aclarar que los conservadores han controlado esta sala en contra del PSOE, que Marchena, que iba a ser presidente con la aquiescencia de PP y PSOE, es un puntal del lawfare, y se obvia que la presidencia de la Sala II se le iba a dar a Ana Ferrer. El eslogan de la puerta de atrás.
Las cosas que vamos sabiendo a lo mejor sitúan el quicio y la puerta en otra parte y no son los jueces los que están bajo el foco. Cada vez es más inquietante lo que sabemos de esa Fiscalía —¿de quién depende?—, que ha sido fagocitada en sus cargos más relevantes por los miembros de una única asociación, autodenominada progresista, pero que, con el avance del sanchismo, ha devenido cada vez más una pata decisiva de los devenires de este. ¿Qué ha hecho y hasta dónde ha llegado una Fiscalía controlada por personas afines a un proyecto de gobierno al que parecen haber defendido más allá de lo que su papel técnico les reclamaba? Sospechas hay. Desde la condena del fiscal general y hasta los apuntes de las agendas de Leire Díez (alias la fontanera) y Santos Cerdán, secretario de Organización y negociador in pectore de Pedro Sánchez.
En las agendas incautadas a ambos imputados, según publica El Confidencial, aparecen sistemáticamente contactos con la mitad de los fiscales de la Audiencia Nacional, la mayoría miembros de la misma asociación o amigos y residentes en Madrid. Tener un teléfono, me dirán, no significa nada… o sí. Eso es lo que intenta aclarar la UCO en sus pesquisas. Porque en esas agendas de los imputados aparecía el móvil de María Luisa Llop, actualmente fiscal en la Audiencia Nacional, un puesto que recibió como premio nada más lograr desde plaza de Castilla y junto a Pilar Rodríguez, su jefa, que el segundo plazo de la ayuda a Plus Ultra fuera pagado, después de que la juez titular lo hubiera paralizado por posibles anomalías y de que un sustituto hiciera caso a su informe y librara la pasta. Además, instó el sobreseimiento definitivo del asunto que, de haber sido acordado, hubiera impedido que esta se reabriera y que se detuviera a Julito Martínez, el testaferro de Zapatero, y a otros dirigentes de la aerolínea. Sí, esa causa que ahora sabemos que es una ciénaga. Por ese motivo se le abrió a Llop una investigación en la Fiscalía de Madrid —la que mandaba entonces Almudena Lastra, que fuera testigo contra Álvaro García Ortiz— tras aparecer mencionada en conversaciones incorporadas al sumario por si hubiera existido influencia indebida y falta de imparcialidad: "la fiscal jefe es amiga".
Nadie puede, en una democracia, vivir pensando que le pueden acusar si se enfrenta al poder o le pueden exonerar si está próximo
No son las únicas sospechas de que la Fiscalía había habilitado una vereda de la puerta de atrás. Ahí tenemos las reuniones de Leire Díez con Diego Villafañe, factótum de Álvaro García Ortiz, en las que se debió tratar sobre las denuncias que se le había encargado al exjuez enloquecido Sáenz de Tejada presentar para sacar del procedimiento del hermanísimo a la juez Biedma. O los cruces de correos de este con el fiscal jefe de Badajoz, que este ha aportado a la causa, para que se informara la inadmisión de una querella contra Leire Díez y Sáenz de Tejada y, además, se intentara empurar a la acusación popular denunciante en vez de a los denunciados. Todo esto lo analiza en su causa con tiento el juez Pedraz.
¿Y qué tenía que hablar en sus citas Santos Cerdán, un político de pura cepa del sanchismo con grandes contactos en el País Vasco, con el fiscal de la Audiencia Nacional encargado de los asuntos de Vigilancia Penitenciaria y, por tanto, de los terceros grados y los beneficios penitenciarios que el gobierno vasco otorgaba a los presos de ETA y que podían ser recurridos ante ese tribunal? El mismo Cerdán que engrasó los pactos con Bildu, antes de negociar la amnistía, y que está implicado en todo eso del "cupo vasco", que no trata de autogobierno, sino de autocorrupción.
O tomemos la vereda trasera que nos mostró Juan Lobato al llevar al notario sus mensajes con Moncloa, en los que le hicieron llegar el famoso correo del abogado del novio de Ayuso a la Fiscalía para pedir un acuerdo. Aquel error de colegial letrado que decía: "Se han cometido, en efecto, dos delitos fiscales". ¿Cómo y por qué estaba ese correo en Moncloa de modo que de allí fue remitido a primera hora de la mañana a Juan Lobato para que lo exhibiera en la Asamblea? Eso por no hablar de las miguitas que parecen conducir hasta Santos Cerdán en la filtración de esa misma comunicación a algunos periodistas.
A estas alturas existen ya demasiados indicios y datos turbios para preguntarse qué ha estado haciendo la cúpula progresista fiscal para defender los intereses del gobierno sedicente progresista. Sabiendo, como sé, que la mayoría de ellos están conectados no solo por unos principios ideológicos fuertes y comunes, sino también por amistades muy estrechas y, a lo visto, por intereses muy marcados. Y esto solo es lo que ha ido apareciendo en los casos investigados. Miedo da pensar a quién pudieron ofrecer prebendas, a quién pudieron incriminar, a quién pudieron negar el acuerdo que a cualquier otro darían. Lo que sabemos nos abre la sospecha a lo que aún no hemos conocido.
Quería Sánchez darles el monopolio de la acción penal. Como si con este percal no pudiera sospecharse de para qué lo usarían. Una Fiscalía bajo sospecha es un peligro para el ciudadano. Si algo ha de regenerarse en próximas legislaturas es esto, porque nadie puede, en una democracia, vivir pensando que le pueden acusar si se enfrenta al poder o le pueden exonerar si está próximo. Véase el indulto sobre la mesa del ministro. Como puerta de atrás, es una de las más peligrosas. Van a tener que ser los jueces los que purguen en parte lo que a escondidas ha pasado, pero el susto lo llevamos encima todos.