Ya es la segunda vez que Felipe González y Alfonso Guerra hacen campaña para que el Partido Socialista facilite la investidura del candidato del Partido Popular. La primera vez lo consiguieron descabalgando a Pedro Sánchez de la secretaría general, pero las bases socialistas no estuvieron muy conformes con entregar la presidencia del Gobierno a Mariano Rajoy y en el siguiente congreso del partido desautorizaron a la llamada vieja guardia y restituyeron a Sánchez al frente del partido.

Lógicamente, Sánchez procuró organizar la dirección del partido con personas más afines y sobre todo más leales. Así que como parece ahora más difícil una rebelión de la cúpula, todo apunta a que González y Guerra pretenden, con el pretexto de rechazar la amnistía y los pactos con partidos indeseables, que algunos diputados rompan la disciplina de voto haciendo presidente a Feijóo o forzando unas nuevas elecciones que el PSOE debería afrontar en plena crisis interna. Y todo para derribar a Pedro Sánchez e impedir una mayoría de gobierno progresista (y republicana). Cuando el tamayazo, el argumento ya fue impedir el pacto con Izquierda Unida y la presidencia de Madrid fue para Esperanza Aguirre.

La trayectoria de la vieja guardia socialista desde el inicio de la transición confirma una estrategia continuada de involución conservadora y autoritaria sirviendo a los intereses del establishment nacional e internacional

Como resulta tan insólito que antiguos gobernantes octogenarios supuestamente de izquierdas irrumpan en el escenario político con tanta vehemencia, haciendo agitación contra su propio partido y reclamando el apoyo al candidato de la derecha, habrá que observarlo con perspectiva histórica, y quizás lleguemos a la conclusión de que González y Guerra son absolutamente coherentes con su trayectoria. Ha habido quien ha dicho que han sido unos impostores. En cualquier caso son coherentes con su impostura.

Bien mirado, González y Guerra han sido los artífices de la evolución ideológica y política del Partido Socialista hasta convertirlo en instrumento y fundamento principal de la perpetuación en el poder del establishment económico e institucional preexistente a la muerte del dictador. Y se han movilizado cada vez que la militancia socialista pretendía un cambio mínimamente renovador contra quienes pretendían liderarlo. Conspiraron y descabalgaron a Josep Borrell cuando le habían elegido las bases en vez de a Joaquín Almunia; se movilizaron llamando personalmente uno por uno a los delegados del 38º Congreso para impedir que Carme Chacón accediera a la secretaría general en vez de Alfredo Pérez Rubalcaba. Hicieron tanto como pudieron para que José Bono se impusiera a José Luis Rodríguez Zapatero en el 35º Congreso y tras fracasar le amargaron el mandato con conspiraciones continuadas. Y lo mismo han hecho y lo vuelven a hacer contra Pedro Sánchez y contra cualquier otro que pretenda recuperar la identidad progresista del Partido Socialista Obrero Español.

González y Guerra siempre se han movilizado contra cualquier opción de cambio mínimamente progresista en el PSOE. Descabalgaron a Josep Borrell, después cerraron el paso a Carme Chacón; conspiraron contra Zapatero, tumbaron a Pedro Sánchez y ahora lo vuelven a intentar

La cosa viene de lejos. Lo explica muy bien Joan E. Garcés (Llíria, Valencia, 1944), abogado y doctor en Ciencias Políticas, quien fue consejero del presidente chileno Salvador Allende y asesor de François Mitterrand. En su libro Soberanos e intervenidos (Editorial Siglo XXI) Garcés sostiene (y documenta) que la Transición estuvo programada desde los núcleos de poder del régimen franquista de acuerdo con lo que llama la Coalición de la Guerra Fría, básicamente Estados Unidos, Francia y Alemania Federal. Y que Felipe González formaba parte del grupo cooptado para llevar a cabo el guion. Recuerda Garcés como en el 28º Congreso “el PSOE votó mayoritariamente contra el que se intuía como el proyecto encubierto del equipo de González, voto que fue contestado con una sistemática purga que inhabilitó al PSOE como partido de masas y de acción socialista, reduciéndolo a un aparato de gestión de presupuestos públicos y ejecución de la programada transición posfranquista, hasta el extremo de que en 1980 el general Armada intentó el golpe de Estado que debía desembocar en un gabinete de ‘salvación nacional’ y tenía previsto asignar carteras ministeriales a miembros del equipo de la transición, incluido el de González”. Y lo cierto es que Armada fue indultado a propuesta del ministro de Justicia Enrique Múgica, principal interlocutor del general en la célebre cena de Lleida. La abultada documentación que aporta Garcés avala lo que dijo hace pocos días Xavier Trias, que sabía lo que se decía sobre la implicación del PSOE en el golpe del 23-F. Garcés, que ha sido el único militante que se enfrentó a González en un congreso, afirma que "el espacio socialista no se puede identificar con Felipe González de ninguna manera y esperamos que los propios socialistas se den cuenta".

Y lo cierto es que si analizamos los textos y la praxis del PSOE bajo el mando de González y Guerra la evolución siempre es, al menos, conservadora y autoritaria. Es obvio que, en contra de sus bases expresadamente republicanas, la cúpula felipista ha sido el apoyo imprescindible de la monarquía —más que algunos elementos de la derecha— y cómplice de las actividades lucrativas de Juan Carlos I y de la retribución con fondos públicos de sus aventuras sexuales. Significativamente, durante el prolongado mandato de González, sus gobiernos evitaron reabrir pleitos y debates pendientes del franquismo. Nada de investigar los crímenes de la dictadura como se ha hecho en Chile y Argentina. Por el contrario, jueces, policías y militares que protagonizaron la represión y la tortura fueron ascendidos y/o condecorados... y algunos espoleados a mantener la praxis incluso con cal viva, como se ha recordado. No es hasta la llegada de Zapatero que el Gobierno español se plantea atender reivindicaciones de memoria histórica.

Significativamente es la segunda vez que Felipe González reclama al PSOE que facilite la investidura del candidato de la derecha

Ahora se escandalizan cuando se habla de autodeterminación, pero el propio Congreso de Suresnes que eligió a González secretario general, quizás para engañar a la gente, se pronunciaba “con carácter inexcusable” partidario del reconocimiento del derecho a la autodeterminación de todas las nacionalidades ibéricas “que comporta la facultad de que cada nacionalidad pueda determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado español”. Esto era en 1974. En 1977, el Partit Socialista de Catalunya y la Federación Catalana del PSOE firmaron el Pacto de Abril, previo a la fusión de las dos organizaciones. "Esta unidad de los socialistas catalanes —señalaba el documento— se acuerda sobre las siguientes coincidencias de principios" y en el punto quinto decía: "El reconocimiento del derecho de autodeterminación a las nacionalidades y pueblos del Estado español". Seguramente era una impostura. Solo cuatro años más tarde, González firmaba con Leopoldo Calvo-Sotelo la LOAPA que empezó a aplicarse inmediatamente después del golpe de Estado del 23-F y a partir de 1982 el PSC ya no tuvo grupo parlamentario nunca más. La historia, como el algodón, no engaña.