El escenario mediático se ha convertido en un circo de tantas pistas con funciones simultáneas que resulta difícil elegir en cuál de los espectáculos centrar la mirada (o el pensamiento), como cuando la irrupción de un elefante te distrae de las acrobacias del trapecista. Y, efectivamente, algunos asuntos que parecían trascendentales (o que lo son de verdad) quedan relegados mediáticamente por la aparición de nuevas historias.

La ofensiva de Donald Trump en Venezuela y, especialmente, en Groenlandia, con sus secuelas sobre el papel de Europa, ha relegado la información sobre la guerra de Ucrania y el conflicto de Oriente Medio, que puede reavivarse según cómo evolucionen los acontecimientos en Irán. Todo ello nos parece tan importante que ha restado protagonismo informativo, por ejemplo, a la batalla de los agricultores europeos contra el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, que probablemente afectará de forma más inmediata y cotidiana no solo a los agricultores, sino al conjunto de los ciudadanos europeos. En este festival de “opulencia comunicacional”, concepto desarrollado hace décadas por el profesor Román Gubern, los hechos globales suelen relegar los asuntos locales, pero no siempre. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene muchos frentes abiertos —presupuestos, financiación autonómica, acusaciones diversas—, pero es indudable que estas semanas ha dormido más tranquilo gracias a Trump, pero también al desastre del Real Madrid, la destitución de Xabi Alonso, el ridículo de Albacete y la cara de pocos amigos de Florentino Pérez.

Otro asunto que ha ocupado programas enteros de televisión y páginas y páginas en los medios escritos han sido las revelaciones de unas mujeres que aseguran que el cantante Julio Iglesias es un energúmeno practicante de la violencia machista. Pues bien, Ramón Arcusa, ex Dúo Dinámico y amigo del cantante, insinuó que este asunto lo ha propiciado el Gobierno para que no se hable de sus problemas. Arcusa defiende lo indefendible, salvo que ciertamente el asunto ha monopolizado tertulias de radio y televisión hasta el punto de que los políticos no han tenido más remedio que sumarse al debate a favor o en contra para poder obtener notoriedad mediática. La primera, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tan impropia como de costumbre, y a continuación el resto de instituciones y fuerzas políticas.

A pesar de todo lo que sucede en el mundo y de todos los frentes abiertos que tiene Pedro Sánchez, la aplicación definitiva de la ley de amnistía supondrá un auténtico terremoto político en España que determinará no solo la legislatura, sino el futuro inmediato de la democracia en España y en Catalunya

Así que a menudo ocurre que asuntos que en un momento parece que vayan a provocar un terremoto, de repente dejan de ser tema y, cuando ya nadie se acuerda de ellos, estallan estrepitosamente. Puede parecer una exageración, una visión, digamos, catalanocéntrica, pero, si nos referimos estrictamente a las previsiones políticas del año que comienza, en Catalunya, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, en España, la clave es que Puigdemont regrese de su exilio, porque supondrá un auténtico terremoto que alterará el statu quo político e institucional español. Y si no le dejan volver, también. Y eso parece que debe suceder en este primer trimestre. Ahora no se habla de ello, pero se hablará, y mucho.

En Catalunya, el regreso de Puigdemont supondría una cierta normalización de la política catalana. La tarea que le vendría encima al president ya no exiliado sería ejercer como jefe de la oposición en el Parlament y trabajar para reagrupar a las fuerzas soberanistas de carácter democrático con el fin de relanzar el movimiento independentista como una fuerza útil y, sobre todo, esperanzadora. En definitiva, un trabajo descomunal, pero políticamente convencional. En España, en cambio, no se normalizaría nada; al contrario, el conflicto político al que hemos asistido en 2025 adquiriría una nueva dimensión en 2026 en forma de crisis de régimen.

Está previsto para principios de año que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita su sentencia sobre la ley de amnistía, con el precedente de que el abogado general del propio tribunal ya ha dictaminado que la ley española no puede considerarse una “autoamnistía”, ni que colisione con la legislación de la UE en la lucha contra el terrorismo, ni que afecte a intereses financieros de la UE. Añade que dicha ley “cumple los estándares” establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque se aprobó en “un contexto real de reconciliación política y social”. La decisión del TJUE dejará en manos de los tribunales españoles la aplicación de la ley declarada constitucional por el tribunal de garantías.

Ya sabemos que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas casi innumerables que podrían hacerlo caer, pero en realidad todos tienen su origen en el pacto con Junts per Catalunya que incorporaba la ley de amnistía. Esta ha sido la clave de bóveda de la legislatura. Es la iniciativa que ha puesto en pie de guerra no solo a la oposición política, sino sobre todo a los poderes del Estado y, especialmente, a los jueces del Tribunal Supremo, que ya han demostrado su determinación de combatir e impedir la aplicación de una ley aprobada por las Cortes que, de facto, desautoriza su sentencia del procés.

Así que, si todo funciona más o menos como está previsto —el criterio del abogado general no es vinculante—, lo lógico sería que, superados los trámites, la amnistía se aplique en toda su dimensión, que sean rehabilitados los líderes del procés —Junqueras, Turull y los demás—, y que Puigdemont regrese a casa sano y salvo.

Dada la beligerancia que han mostrado los tribunales españoles, es seguro que volverán a buscar resquicios jurídicos para justificar su negativa a aceptar el cumplimiento de la ley de amnistía, y ello provocará una batalla institucional sin precedentes

Dada la beligerancia que han mostrado los tribunales españoles, es seguro que volverán a buscar resquicios jurídicos para justificar su negativa a aceptar el cumplimiento de la ley, y ello provocará una batalla institucional sin precedentes, de jueces y del Poder Judicial, contra la legalidad democráticamente decidida por la mayoría democrática representada en el Poder Legislativo. Y esto se sabe cómo empieza, pero es difícil saber cómo acabará, porque tampoco debemos engañarnos: la posición contraria a la amnistía ha recabado en España —no en Catalunya— el apoyo político, judicial, policial y mediático que pugna permanentemente por hacer caer al Gobierno de Pedro Sánchez precisamente para tumbar la amnistía.

En cualquier caso, es la gran asignatura pendiente del actual Gobierno, que necesitará coraje y audacia para gestionar una situación inédita, porque esta sí es la clave que determinará si Pedro Sánchez puede resistir o no hasta 2027, como proclama. Hasta ahora Sánchez ha sabido resistir todas las embestidas de los adversarios políticos e institucionales. Ha perdido las elecciones en Extremadura y perderá las de Aragón, pero de momento ha actuado como si oyera llover. Sectores del PSOE felipista también se han organizado para hacerlo caer. Pero es seguro que en el momento en el que la amnistía llegue a la fase de aplicación, los ataques, la campaña de “acoso y derribo”, será brutal, con los casos de presunta corrupción del PSOE, pero sobre todo en lo más personal, con su hermano, su mujer y lo que se inventen. Si tiran fuerte por aquí y fuerte por allá, será difícil mantener la estaca.

Sin embargo, si Sánchez se desentiende y acepta la rebelión del Poder Judicial contra el Poder Legislativo legítimamente constituido, tampoco saldrá adelante. Si las maniobras políticas y judiciales impiden el regreso de Puigdemont y —no hay que olvidarlo— la rehabilitación de Oriol Junqueras, que aspira a la presidencia de la Generalitat, quizá la legislatura caerá por sí sola, pero lo más grave y evidente será la constatación de que unos poderes no elegidos imponen arbitrariamente su voluntad, contraria a la expresada por la mayoría parlamentaria, legítimamente constituida. No hace falta decir que ello supondrá una inflexión histórica en el régimen del 78 que determinará el futuro del país, de España y, por supuesto, de Catalunya.