España tiene actualmente tres cámaras: el Congreso de los Diputados, el Senado y el Tribunal Constitucional. En las dos primeras hace un año que no se aprueban leyes porque no hay gobierno. En la tercera no paran de parar leyes, básicamente catalanas. De hecho lo son dos de cada tres leyes que les ha recurrido el Gobierno del PP en funciones.

Si no me he descontado, en total son 18 recursos de inconstitucionalidad y dos de competencias en menos de 20 meses: la ley de los toros, la de pobreza energética, el impuesto de viviendas vacías, la norma de igualdad de género, la reforma de la Agencia Tributaria, la reforma del código civil y de consumo, la modificación del registro mercantil y del de la propiedad, la ordenación de los equipamientos comerciales, la simplificación de la actividad administrativa de la Generalitat y de los municipios, la tasa sobre comunicaciones electrónicas, la producción industrial y generación de energía nuclear, la regulación de las profesiones deportivas, los presupuestos del 2015 y la ley de acompañamiento, el tráfico de aviones comerciales, la creación de la Conselleria d'Exteriors, la creación del Comissionat per a la Transició Nacional y... la creación del municipio de Medinyà.

Y mientras coge aire, súmele las diversas citaciones, imputaciones, peticiones fiscales y juicios derivados del 9-N contra el expresidente Mas, la exvicepresidenta Ortega, la exconsellera Rigau y el actual diputado en el Congreso Francesc Homs, contra Carme Forcadell por el pleno sobre las conclusiones de la comisión del Procés Constituent, contra el concejal de Vic Joan Coma por la declaración de ruptura aprobada por el Parlament, contra la alcaldesa de Berga para colgar una estelada o contra los concejales de Badalona que abrieron el ayuntamiento el 12-O.

La lista es tan larga y tan variada y los diversos tribunales trabajan tan rápido que sería razonable instalar en las entradas de Catalunya tanto por carretera como por vía aérea y marítima unos inmensos paneles electrónicos donde actualizar al minuto las diversas actuaciones judiciales. Es que si no, nos perdemos y no podemos seguirlas todas. Es que pronto será más rápido decir la ley que todavía existe. Si es que queda alguna viva. Si es que pronto será más sencillo decir quién no está imputado.

Y de cara a ahorrar tiempo y dinero, ahora sí que es ineludible que el Parlament apruebe una ley para que el Tribunal Constitucional (TC), el Tribunal Supremo (TS) y la Fiscalía, NO se instalen nunca en Catalunya. Como esta ley será recurrida y anulada como todas las otras cuando todavía ni se haya secado la tinta del texto, será la manera de provocar el efecto contrario y que se obligue al TC y al TS a venir IN-ME-DI-A-TA-MEN-TE a Catalunya. Una vez aquí, el Gobierno presentará un recurso contra la presencia de estos órganos judiciales, el TC y el TS suspenderán su propia ley según la cual se trasladan a Catalunya y entonces, sin ningún lugar donde tener una sede y poder existir, decidirán auto disolverse.

Y de esta manera el PP habrá acabado con esta cosa tan molesta que es la justicia y, por fin, ya lo podrá controlar directamente todo sin tener que sufrir la molestia de recurrir nada. Que se pierde mucho tiempo que se podría dedicar a las cosas que realmente interesan a la gente.