Los consellers a quienes ERC tuvo confianza para que formáramos parte del Govern a partir de enero del 2016 tenemos que estar orgullosos de nuestro trabajo. Porque el balance de nuestra acción de gobierno es positivo. En un contexto de duras limitaciones presupuestarias debidas al injusto modelo de financiación y a las consecuencias fiscales de la crisis, con las finanzas de la Generalitat primero secuestradas por el FLA y después directamente intervenidas, con un marco competencial cada vez más estrecho, siempre coartado por las sentencias de un Tribunal Constitucional cada vez más centralizador... aun así hemos sacado adelante un programa de reformas sociales e institucionales valiente y progresista. Políticas de izquierdas, pero rigurosas. Si algo necesita este país es que se lo gobierne desde un reformismo transformador y al mismo tiempo transversal, comprometido con la justicia social y la lucha contra las desigualdades más que con ninguna otra cosa. Pero capaz de conseguir cambios efectivos, no solo de soñarlos y proclamarlos. Necesitamos una izquierda que, además de querer una Catalunya más justa, sepa cómo gobernar para conseguirlo. Y de entrada para gobernar hacen falta mayorías electorales lo bastante amplias, unas mayorías que solo se consiguen desde una izquierda inclusiva, capaz de abrirse a ambos lados, capaz de entenderse tanto con la izquierda más radical —en el buen sentido del adjetivo— como con los sectores con un sincero compromiso social que pueda tener a su derecha.

Desde Salut, desde Justícia, desde Exteriors, desde Agricultura, desde Economia, desde Treball, Benestar y Família: no caben en este artículo la lista de reformas sociales e institucionales que hemos impulsado en este tiempo de trabajo intenso e incansable. Algunas han trascendido el conjunto de la opinión pública: el cierre de la Model como símbolo de lo peor de nuestro pasado, la implantación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, una política tributaria más redistributiva con nuevos impuestos que graven más a las grandes fortunas, el impulso de la red de oficinas de la Generalitat en el exterior, las nuevas políticas agroalimentarias para garantizar un futuro digno para las nuevas generaciones agrarias, entre otros ejemplos. Muchas solo han llegado a sus afectados directos.

Si algo necesita este país es que se lo gobierne desde un reformismo transformador y al mismo tiempo transversal, comprometido con la justicia social y la lucha contra las desigualdades más que con ninguna otra cosa

Desde Salut, ponemos en valor todas las políticas iniciadas para fortalecer el carácter universal, público y equitativo de nuestro sistema sanitario: la ley de universalidad, la financiación de la Atención Primaria en función de la situación socioeconómica de la población que atiende, el plan para luchar contra la precariedad contractual de nuestros profesionales sanitarios, las desprivatizaciones de la actividad en la atención especializada, la entrada de la Generalitat en los hospitales de Reus, Berga y Mora d'Ebre, el retorno de las grandes inversiones en nuestros hospitales —Vall d'Hebron, Viladecans, Bellvitge—, la apuesta decidida por la salud mental, el compromiso inequívoco con el colectivo de enfermería, la reversión en un año de un tercio de los recortes, etc. Pero podríamos explicar muchas más. Parecería que han pasado cuatro años si consignáramos todos los cambios que se han hecho.

Hemos hecho mucho. Pero queremos hacer mucho más. Porque no hemos hecho lo suficiente. Porque los problemas sociales de nuestro país continúan aquí: desigualdad, pobreza, una educación que mejora pero que tiene todavía mucho camino por recorrer para ser de las mejores de Europa, unos emprendedores a los que no se les ofrecen las condiciones de competitividad que merecen, un mercado de trabajo que tiene índices de paro y de temporalidad en el que no nos podemos resignar, un fraude fiscal inadmisible, una cultura que está lejos de tener el presupuesto público que le correspondería, un derecho a la vivienda todavía escasamente protegido, etc.

A menudo hemos dicho, estos dos años: si con un gobierno autonómico (con un grado de déficit fiscal tan alto) hemos hecho todo lo que hemos hecho, ¿qué no haríamos los hombres y mujeres de ERC si dispusiéramos de una República? Pero creo, hoy, que hace falta cambiar esta pregunta y formularla así: ¿cómo podremos hacer todos los cambios y reformas sociales que este país merece sin los instrumentos de una República? Hemos dado pasos, pero queremos dar todavía muchos más. Y queremos —necesitamos— una República para poder darlos.

Nos falta solo aquello que todo país tiene derecho a tener: una República, al servicio de los derechos y de la dignidad de todos sus ciudadanos. Una República que sea la garantía de que todo el mundo pueda luchar por su felicidad

¿Cómo podría construir un conseller de Justicia un verdadero poder judicial independiente y una justicia ágil y eficiente sin una República? ¿Cómo un conseller de Exteriors podría construir la red de embajadas que Catalunya necesita para defender sus intereses por todo el mundo sin una República? ¿Cómo podría un conseller de Treball hacer un mercado de trabajo comparable a los de los países más adelantados de Europa, con un salario mínimo digno, sin una República? ¿Cómo podría un conseller de Economía hacer un sistema tributario que acabe con el fraude, al servicio de la redistribución y de la economía productiva sin una República? ¿Cómo podría un conseller de Salut acabar con las listas de espera, empujar de manera decidida las inversiones que necesitan nuestros hospitales y la nuestra primaria, o dar a los profesionales sanitarios los sueldos que realmente merecen sin una República? Son muchos los cambios que queremos hacer, son muchos los cambios que necesitamos. Y sin los instrumentos de una República —digámonos la verdad— difícilmente nuestro país podrá llevarlos a cabo.

Tenemos la voluntad, somos gente de izquierdas, progresista. Tenemos la mayoría social que exigen estas políticas valientes y transformadoras. Tenemos el rigor y la capacidad de gobernar, entendiendo que los cambios no se hacen solo desde los despachos sino también desde la movilización social. Nos falta solo aquello que todo país tiene derecho a tener para promover el bienestar y la prosperidad de su gente: una República, al servicio de los derechos y de la dignidad de todos sus ciudadanos. Una República que sea la garantía de que todo el mundo, sin discriminaciones, venga de donde venga, piense como piense, hable como hable, ame como ame, pueda luchar por su felicidad y sacar adelante su proyecto de vida.