Que la justicia española no es un ejemplo de imparcialidad, sobre todo en cuanto al caso catalán, es perfectamente descriptible. Que la sentencia del Supremo contra los líderes del procés es más bien una venganza, construida ad hoc, lo mismo. Que deberíamos salir todos los días a la calle, con mascarilla y distancias y toda la profilaxis que quieran, a exigir, que no simplemente pedir, la liberación de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, dos líderes sociales en prisión por protestar en una democracia, es un hecho. Que es impresentable que la presidenta de un Parlamento esté en prisión por dejar discutir lo que se quiera, es reconocido en el mundo libre. Que dice mucho de cómo es la democracia española el hecho de que haya un president de la Generalitat y unos consellers en el exilio y medio gobierno en prisión por hacer política, es una indecencia. Decir que inhabilitar a un presidente por poner una pancarta en contra del criterio de una junta electoral con sesgo político es ridículo, es quedarse corto.
Ahora bien, que la confirmación de la inhabilitación de Quim Torra sea un castigo a un país entero en medio de una pandemia, como ha dicho el president, no es verdad. En el País Vasco y en Galicia hicieron elecciones en julio y la nave va. Como si a la pandemia sólo pudiera hacerle frente él, que tal vez se piensa que es el epidemiólogo jefe, teniendo en cuenta que ha sido el abanderado del confinamiento más duro del mundo mundial. Que diga que no convoca elecciones, como él —y nadie más— se comprometió, para no paralizar la administración catalana, no es verdad. Primero, porque la administración no se paraliza. Segundo, porque, si se refiere al Govern, que es a quien se debería referir, sería mejor convocar elecciones. Porque si él convoca elecciones, en dos meses hay gobierno. Si no convoca elecciones, habrá gobierno en funciones el doble de tiempo. Y, tercero, porque es cierto que un gobierno en funciones tiene la acción política limitada, pero no para luchar contra la pandemia. La ley ya prevé que se puedan adoptar medidas por razones de urgencia.
El president Torra debería reflexionar sobre si valía la pena jugarse la inhabilitación, que ya se podía imaginar, por una pancarta y no por un hecho político más relevante, como el 1-O
Que ahora el president Torra se haya dado cuenta de la importancia, no ya de gobernar bien, sino de gobernar a secas, es una buena noticia. Pero tal vez debería reflexionar sobre si valía la pena jugarse la inhabilitación, que ya se podía imaginar, por una pancarta y no por un hecho político más relevante, como el 1-O. Quizás entonces pensaba que su legado sería la desobediencia, porque no podía aspirar ni a una respuesta unitaria a la sentencia del procés, y que la inhabilitación sería una salida digna. Siempre el maldito martirio. Y ahora quizás la pandemia le ha hecho darse cuenta del error, porque su legado, contra pronóstico, podía ser la lucha contra el virus. Pues haberlo pensado antes. Cuando Torra dice que si el Estado "llega a la irresponsabilidad más absoluta" de inhabilitarlo, el único culpable será el Estado, no tiene razón. Quien lleva a la "carrera electoral irresponsable" también es él, que ya sabía que lo inhabilitarían, por muy injusto que sea. Las batallas se deben elegir bien. Y no, la gran preocupación de "muchos catalanes", como ha dicho el president, no es que las elecciones sean ahora. Y eso lo hace aún más irresponsable.
Hasta aquí una reflexión más o menos a chorro. Pero me fastidia a mí mismo. Por dos motivos. Uno, porque criticar a Torra es gratis. Y dos, porque los derechos y las libertades —sobre todo en las "minorías nacionales"— se deben defender cada día palmo a palmo, porque cada mañana cuando te levantas alguien los ha invadido. Ahora, el drama de todo esto es que hemos vuelto al victimismo que el independentismo tuvo la virtud de superar. Y fue así hasta el 1 de octubre. O el 3. O el 10, si quiere. Pero ahora ha caído de lleno. Y el victimismo lleva a ganar "Recopas". Nada más.