Sijena es el ejemplo perfecto de para qué España quiere a Catalunya. Para explotarla, para aprovecharse de ella, para maltratarla. Para nada más. Esto, más o menos, es lo que viene a decir la sentencia del Tribunal Supremo que ordena la devolución a Aragón de las pinturas murales del monasterio de Santa María de Sijena que hace años que se exponen en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Es decir, que después de salvarlas, comprarlas, restaurarlas y preservarlas para la posteridad Catalunya las debe devolver como si nada hubiera pasado, en virtud de una sentencia en contra —como todas las que hace tiempo que emiten los tribunales españoles—, de carácter eminentemente político y que no tiene en cuenta ninguna de las cuestiones técnicas relativas a la conservación del patrimonio histórico que inciden en un caso como este.
El monasterio de Santa María de Sijena, situado en los Monegros, fue fundado en el año 1188 en tiempos del rey de Catalunya y Aragón Alfonso I el Casto o el Trovador, hijo de Ramón Berenguer IV y Petronila de Aragón, que con su matrimonio habían unido las dos coronas. De hecho, la iniciativa de la creación del monasterio fue de Sancha de Castilla, esposa de Alfons I, y en ella se establecieron religiosas de la orden de San Juan de Jerusalén. En 1298 Jaume II el Just lo puso bajo su protección y gracias a ello vivió una época de notable esplendor, durante la cual se enriqueció precisamente con tapices, retablos, pinturas y otros muebles y objetos de arte. Hasta que en 1412, con motivo del Compromiso de Caspe, tomó partido por Jaime de Urgell, lo que le valió el olvido cuando la dinastía de los Trastámara llegó al poder y Fernando de Antequera lo convirtió en mazmorra. Santa María de Sijena es, pues, un enclave netamente catalán, tanto por su origen como por el apoyo recibido por los monarcas del Casal de Barcelona, entre ellos también Pedro I el Católico, hijo de Alfonso I y de Sancha y padre de Jaime I el Conquistador, que está enterrado en él.
Construido con una base románica de la que destaca la impresionante portada con catorce arquivoltas y a la que se fueron añadiendo elementos arquitectónicos cistercienses y mudéjares, el monasterio sufrió primero la desamortización española de 1835, que le privó de la mayor parte de sus bienes y lo dejó prácticamente abandonado, y después, en 1936, la guerra civil también española, en cuyo ambiente anticlerical fue incendiado, profanado y arrasado por milicianos anarquistas y muchas de sus obras de arte fueron saqueadas y destruidas. De la edificación solo quedó la iglesia románica y el panteón real. Es en este contexto en el que, con el fin de salvarlas, el arquitecto e historiador del arte Josep Gudiol, comisario de la Generalitat para el salvamento del patrimonio artístico, rescató y extrajo las pinturas de la sala capitular que habían sobrevivido al incendio y, a pesar de estar muy dañadas, las trasladó, con la autorización de las monjas, a Barcelona, donde fueron restauradas en la Casa Amatller y depositadas en el MNAC. Y otros objetos los llevó al Museu Diocesà de Lleida, porque el monasterio pertenecía al obispado de Lleida, hasta que en 1995 fue dividido y se creó el de Barbastro-Monzón.
Durante la década de los años sesenta del siglo XX, la comunidad de monjas de Santa María de Sijena firmó un documento que cedía de manera indefinida las pinturas murales al MNAC. Y en 1992 firmó otro que mostraba la voluntad de que el préstamo se convirtiera en donación, pero el proceso quedó en el aire porque las religiosas murieron mientras se esperaba el permiso definitivo de la Santa Sede a la operación. En este tiempo las monjas de la orden de San Juan de Jerusalén abandonaron el monasterio y fueron sustituidas por un grupo de religiosas de las Hermanas de Belén, que fueron las últimas en habitarlo, hasta 2020, y que interpusieron, en cambio, una demanda para que los bienes fueran restituidos y cedieron al gobierno de Aragón los permisos para que ejecutara las gestiones legales necesarias con este fin. Y aquí empezó el litigio, que ha sido, en realidad, una batalla política contra Catalunya.
La vía jurídica en los tribunales españoles, que han mantenido invariablemente los gobiernos aragoneses del PP y del PSOE y durante la que han llegado a ser encausados los exconsellers de Cultura Santi Vila y Lluís Puig, ha dado siempre la razón a Aragón. La primera victoria se la apuntó, sin embargo, en unas circunstancias muy lamentables, aprovechando que el autogobierno de Catalunya había sido intervenido por el Gobierno con la aplicación del artículo 155 de la Constitución a raíz de la celebración del referéndum de independencia del Primer d’Octubre de 2017. En este escenario, con nocturnidad y alevosía, la guardia civil se llevó, por la fuerza y escoltada por los mossos d’esquadra, las obras que había en el Museu Diocesà de Lleida. Y el segundo triunfo le llega ahora, con una fuerte controversia desde el punto de vista técnico por el daño irreparable que se puede causar a las pinturas murales si finalmente son trasladadas.
Aragón preferirá dañar todo un patrimonio histórico de relieve que dar la razón a Catalunya
Los especialistas, de hecho, consideran una temeridad y una aberración el eventual traslado. Uno de los expertos de más renombre en Catalunya, Albert Velasco, profesor de historia del arte en la Universitat de Lleida y en la Universitat Oberta de Catalunya, ha calificado la sentencia del Tribunal Supremo de “derrota de la historia del arte como disciplina académica y científica”, de “derrota de la conservación-restauración y de la museología” y, en definitiva, de “derrota del sentido común”. El propio MNAC tiene informes técnicos que acreditan la imposibilidad de trasladar las obras de arte en cuestión, entre ellos uno confeccionado en su día por el director de la restauración de la Capilla Sixtina del Vaticano, el italiano Gianluigi Colalucci, nacido y fallecido en Roma, que concluye que las pinturas son inamovibles. En todo caso, quien preconice su traslado, a costa quien sabe si de estropearlas, deberá asumir las consecuencias que se puedan derivar.
Es en este sentido que el MNAC debe hacer valer el criterio técnico que siempre ha defendido y negarse a sacar las pinturas murales ni que sea un juez quien se lo ordene. Si acaso, que sean los que se las quieren llevar, los que envíen a la guardia civil a buscarlas como hicieron en Lleida y que se responsabilicen de todo lo que pase. Y ello debe ser así aún más después de la reacción absolutamente prepotente del gobierno de Aragón a la decisión del Tribunal Supremo al exigir, al más puro estilo del ordeno y mando español tan propio de países con graves déficits democráticos, que sea Catalunya la que haga el traslado y que lo haga, además, de manera inmediata. No solo eso, sino que, de acuerdo con estos aires de superioridad, la consejera aragonesa supuestamente de Cultura, Tomasa Hernández, ha amenazado con que los técnicos de su departamento entrarían en el MNAC si el museo catalán no quería ejecutar la resolución judicial.
La comparecencia triunfal del presidente aragonés, Jorge Azcón, del PP, haciendo el soberbio, es la demostración viva del trato que España dispensa a Catalunya, que contrasta con la respuesta pusilánime del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, expresándose a favor de acatar la sentencia, pero situando la decisión última en las manos de los técnicos. Si este ha de ser el comportamiento político de las autoridades encargadas de defender los intereses de Catalunya —los gobiernos catalán y español sobre todo, en tanto que miembros del patronato del MNAC—, el hecho es que las cosas no pintan muy bien. Llegados a este punto, en cualquier caso, es imposible no interrogarse por qué las pinturas murales de Sijena sí que tienen que volver a Aragón y el Guernica de Picasso no puede ser restituido al País Vasco, la Dama de Elche al País Valencià, los Toros de Costitx a las Balears o los papeles que todavía hay en Salamanca a Catalunya.
La auténtica pregunta, sin embargo, es más simple: ¿Aragón las habría reclamado si se hubieran encontrado en La Rioja o en Castilla y León?, ¿las habría reclamado si hubieran estado en Madrid?, ¿las habría reclamado si las hubieran tenido el British Museum de Londres o el Metropolitan Museum of Art de Nueva York? ¿Verdad que en todos los casos la respuesta sería no? Pues con esto está todo dicho. Las ha reclamado solo porque están en Catalunya y porque se trata de un litigio político más, en ningún caso artístico, contra Catalunya, en virtud del cual antes preferirá dañar todo un patrimonio histórico de relieve que dar la razón a Catalunya.