En el día a día hay decenas de decisiones que marcan nuestra cotidianidad. Son tan habituales que se han convertido en acciones simples e inconscientes. Una llamada telefónica, abrir el grifo, encender la luz de la habitación, ir al médico, subir a un tren. Como ciudadanía, con todas y cada una de estas actividades corremos el riesgo de no ser suficientemente respetados o bien atendidos. Facturas caras, listas de espera, retrasos, negligencias. Uno de los grandes males de la actual sociedad es, por una parte, la permanente sensación de presunto engaño y de desamparo como usuarios; por la otra, la impresión de impunidad y exoneración de empresas y administraciones.

Sea por dejadez o malicia, por desinterés o mala fe, los de arriba —como concepto— parece que siempre estén a punto para llevar el agua a su molino, a menudo tejiendo redes entre ellos, y casi siempre a costillas de los consumidores que, como si no tuviéramos bastante con intentar sobrevivir al capitalismo, además tenemos que estar alerta ante las posibles infracciones que buscan la constante picaresca para exprimir al máximo nuestro bolsillo y nuestra paciencia.

Ante esta indefensión global, en Catalunya se erige una institución que da esperanza y refuerza la voz del pueblo: el Síndic de Greuges. El Estatuto de Sau (1979) aprobaba su creación, ley que en realidad no hacía más que recuperar una propuesta original de la segunda mitad del siglo XIV y principios del XV, cuando Pedro el Ceremonioso, primero, y Martín el Humano, después, proclamaron la institución del Provisor de greuges que, 300 años después, sería abolida por el inefable Felipe V y su Decreto de Nueva Planta.

Dos siglos y medio después de su borbónica y forzosa desaparición y una vez muerto el dictador —vergonzosamente en su cama— la democracia del siglo XX recuperó la esencia, que perdura hasta nuestros días, con la pertinente modernización y, al mismo tiempo, con una mirada a la catalanista tradición: el emblema del ente es el escudo de Martín el Humano, soberano que lo había fundado oficialmente en 1409. Bebiendo de toda esta historia, ha llegado a nuestros días una figura que este año celebra su 40.º aniversario, pero que acumula siglos de vida y de dignidad.

Allí donde un ciudadano o una plataforma social no llega, está el Síndic y su grupo humano y profesional. Otorgan protección a la gente y prestigio al país

En las Terres de l'Ebre, ámbito que conozco, ha habido un antes y un después en nuestras luchas gracias al saber hacer de las intervenciones del Síndic (trenes dignos, proyecto Castor, lo ríu és vida, etc). Cualquier queja, reclamación o recogida de firmas ha caído en tierra fértil y las reivindicaciones han ganado presencia y fuerza, a menudo acompañadas de victorias. Su actividad es autónoma y complementaria al control parlamentario y judicial y contribuye enormemente a supervisar la actividad de la administración y a dar credibilidad a los organismos nacionales. Allí donde un ciudadano o una plataforma social no llega, está el Síndic y su grupo humano y profesional. Otorgan protección a la gente y prestigio al país.

Los servicios públicos tendrían que poder funcionar con rigurosidad sin necesidad de ser fiscalizados. El derecho a la información no tendría que ser continuamente reclamado, ni tendría que recaer solo en manos de algunos poderosos. También sería preferible poder creer en el buen funcionamiento de administraciones y empresas, de la misma manera que no tendrían que existir según qué 'días mundiales de' porque querría decir que la causa que pregonan ya no hace falta reivindicarla. Mientras tanto, eso no pasa, utilizar los servicios del Síndic de Greuges es la mejor manera de agradecerle la tarea a un equipo de personas que vela por nuestros derechos, que convierte el escepticismo en confianza y que demuestra que luchar sirve.