En JxCat parece que se las pintan muy felices confiando en que este 2026 será el año del regreso de Carles Puigdemont a Catalunya. Todos esperan, cuando menos, que esto sea lo que ocurra gracias a los pronunciamientos que deben realizar el Tribunal Constitucional (TC) y, muy especialmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía, y que están convencidos de que serán favorables a sus tesis. El primero debe resolver el recurso presentado por el 130.º president de la Generalitat contra la negativa del Tribunal Supremo (TS) de amnistiarlo y el segundo debe responder a las dudas planteadas en torno al conjunto de la norma por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional.

De momento, sin embargo, y contrariamente a estas expectativas, el TC les ha propinado, justo la semana pasada, una colleja al no atender la petición de medidas cautelares del líder de JxCat —y también de los exconsellers Lluís Puig y Antoni Comín—, y no suspender la orden de detención y de encarcelamiento que el juez Pablo Llarena mantiene vigente si pone los pies en España pese a la entrada en vigor de la amnistía, mientras no resuelve el recurso planteado contra el TS. Es una cuestión previa que, aunque no prejuzga el resultado final de la posición del alto tribunal sobre el recurso, sí evita, cuando menos de momento, entrar en contradicción con el TS. Y que a estas alturas el TS todavía pueda exhibir que tiene el aval del TC —como pasó también cuando se negó a levantar las inhabilitaciones de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva en idénticas circunstancias— no deja de ser especialmente significativo. El TC, de paso, gana tiempo a ver si antes el TJUE le hace trabajo y él puede limitarse a seguir la doctrina que marque.

Pese al tropiezo, que no abona precisamente el discurso optimista de la parroquia convergente de toda la vida, el caso es que JxCat, y también el PSOE y el PSC, tienen depositadas todas las esperanzas de que este año sea el de la aplicación definitiva de la amnistía, de manera que el exalcalde de Girona pueda volver a entrar en España sin cargos y sin miedo a ser detenido y así quede plenamente normalizada la situación política de Catalunya. Más allá de que en el ámbito personal sea una buena noticia que Carles Puigdemont vuelva de una vez a casa después de casi nueve años de exilio en Bélgica, el hecho será relevante políticamente porque representará que todo el mundo se podrá dedicar de nuevo a la cosa pública —si es que no se considera que hace tiempo que tendrían que haberse retirado— en igualdad de condiciones. Porque se supone que con la ley plenamente aplicada también decaerían las inhabilitaciones que pesan sobre los dirigentes de JxCat y de ERC, las acusaciones de terrorismo de las que han sido objeto los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) encausados en la llamada operación Judas y, en fin, el resto de causas que aún hoy continúan abiertas.

Desde el TS, en realidad, el único mensaje que ha circulado siempre es que no ha aplicado la amnistía ni tiene ningún tipo de intención de aplicarla

Pero lo que realmente esperan todos es que la recuperación de la libertad de movimientos por parte del 130.º president de la Generalitat sirva sobre todo para rehacer la relación con el PSOE y para que Pedro Sánchez pueda agotar la legislatura sin más quebraderos de cabeza de los muchos que ya tiene. Todos, sin embargo, deben ser plenamente conscientes de que lo que digan el TC y el TJUE el TS se lo puede pasar perfectamente por allí donde más le plazca. Y es que el TS ya no hizo caso de la primera sentencia del TC, de junio de 2025, que, en réplica al recurso del PP, declaraba constitucional la ley y, acogiéndose a que el alto tribunal aún no se había pronunciado sobre la cuestión de la malversación y solo lo había hecho sobre la de la sedición y la desobediencia, decidió que mantenía las penas y las acusaciones contra los encausados. La consecuencia práctica fue que el primer intento del líder de JxCat de poder volver a Catalunya gracias a la ley de amnistía fracasaba y tenía que seguir esperándose pacientemente en Bélgica.

Desde el TS, en realidad, el único mensaje que ha circulado siempre es que no ha aplicado la amnistía ni tiene ningún tipo de intención de aplicarla, lo que significa que los jueces encargados de hacerlo, con Pablo Llarena al frente, no se esconden que han prevaricado y que lo seguirán haciendo tantas veces como sea preciso antes de permitir que Carles Puigdemont, sobre todo, se salga con la suya. ¿Y qué si prevarican? A ellos tanto les da, porque saben que no hay nadie, al menos hasta ahora, que tenga los arrestos necesarios para, llegado el caso, encausarlos y encarcelarlos. Viven en la total impunidad y nada hace pensar que esta dinámica tenga que cambiar, así que todos pueden ir confiando en que Europa avalará la amnistía, pero puede que, aunque Europa la avale, España no la aplique. ¿Y entonces qué harán?

La actual estructura institucional del Estado español es heredera de la dictadura franquista y permite que especialmente el estamento judicial tenga patente de corso —no es el único, pero sí es el más descarado— para poder hacer lo que le parezca sin tener que rendir cuentas ni de dar explicaciones a nadie. Así es como han actuado todos los jueces que han intervenido en el caso catalán, desde el propio Pablo Llarena —que ha retorcido el derecho para crear un relato completamente falso más propio de una novela, y encima de las malas— hasta Manuel Marchena y Carmen Lamela, pasando por los jubilados Manuel García Castellón o Joaquín Aguirre, y cuando uno se ha retirado otro lo ha continuado. Hacer, en este escenario, según qué planes es difícil, y más si afectan directamente a la esfera personal.

Está bien, pues, que quien fue alcalde de Girona y su partido, JxCat, empiecen a preparar la vuelta a casa —incluso el líder de ERC también le ha pedido audiencia en Waterloo para hablar de ello—, pero más vale que no se hagan más ilusiones de la cuenta para evitar que después, si las cosas no van bien, el desengaño sea peor. Hasta ahora, en realidad, ninguno de los momentos que desde la formación de Carles Puigdemont se ha fijado como posible de su retorno se ha cumplido. Han sido pequeños contratiempos, o este, al menos, es el cariz que públicamente se les ha querido dar, pero es obvio que minan la moral de una persona que lleva casi nueve años sin poder volver a casa y que cada vez que parece que por fin será la buena tiene que volver a empezar la cuenta atrás.

JxCat cometió el error —uno de tantos— de pactar con Pedro Sánchez —a cambio de plegar velas, quede claro— algo que de ninguna de las maneras podía cobrar por adelantado —la amnistía para sus dirigentes— y cuya aplicación no dependía de él, sino de la justicia española, que ya se ha visto como las gasta. Como si no lo supieran. Es así que el 30 de mayo de 2024 se aprobó la llamada ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Catalunya y que el líder del PSOE siempre ha podido decir, con razón, que él había cumplido. Pronto hará dos años de esta aprobación y el 130.º president de la Generalitat continúa exiliado en Bélgica. Y encomendarse a la justicia europea está demostrado que tampoco es garantía de nada.