Esta crisis ha cogido a todo el mundo desprevenido. Sin excepción. Y es honesto admitirlo. Oímos hoy pontificar a diestro y siniestro. También despotricar. Pero es tan cierto que los gobiernos del mundo sólo han reaccionado cuando se ha encendido la alarma sanitaria como el grueso de los científicos de referencia habían restado importancia a la pandemia mientras la comparaban con una gripe ligera. La hemeroteca es demoledora.
La sobresaturación y el desbordamiento de los hospitales ha disparado la demanda de recursos. Y no sólo mascarillas o guantes que han multiplicado los precios por diez. Como en toda crisis, la demanda ha generado una especulación galopante en productos de primera necesidad. Y este afán ha precipitado compras que han generado estafas y engatusadas gubernamentales. El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha sido una de las víctimas y ha experimentado el esperpento, al constatar cómo un atajo para obtener material sanitario de China rozaba el ridículo. Y no una sino dos veces consecutivas. La primera puede ser un error comprensible aunque bien inoportuno. El segundo, por acumulación, ya es para ponerse las manos en la cabeza. A saber qué se habría llegado a decir si el mismo resbalón lo protagoniza la consellera de Sanidad, Alba Vergés. Sólo hay que prestar atención a la furibunda reacción por el hospital de campaña del Parc Taulí de Sabadell. Las cadenas estatales bramaban, la alcaldesa socialista se abonó. Para después saber, tal como admitía el mismo Ejército, que la consellera había actuado diligentemente. A los socialistas, la derecha reaccionaria (nuevamente beligerante estos días) les está pagando con la misma moneda que ellos han utilizado en Catalunya.
Es cierto que encima de Illa, como encima de Vergés, ha caído una inmensa responsabilidad. Tienen la atención de los focos como nadie. Hecho que no excusa que su Ministerio haya protagonizado un papel bien triste en la compra de material sanitario. Pero no es menos cierto que no es la excepción. La inefable presidenta de la comunidad de Madrid, la popular Ayuso, todavía está esperando la llegada del material sanitario que ostentosamente anunció, hace semanas, que conseguiría. Cantó victoria antes de tiempo. Y ahora poco le queda para decir que no sea admitir la tomadura de pelo.
Cabe decir que nada es fácil estos días y que el material sanitario que urge, urge en todas partes. E incluso China, erigida en el mayor productor y distribuidor mundial de unos productos con una demanda por las nubes, tiene problemas para servir tantos pedidos.
Catalunya no ha sido la excepción. No lo es. En Madrid se cuentan por miles los muertos en las residencias, en Catalunya suman centenares. El impacto en las residencias, donde está la población más vulnerable, ha sido una mancha negra, por todas partes. Pero al mismo tiempo, en Catalunya, sí que se ha sido eficaz en algunos ámbitos concretos. Es así, afortunadamente. Mientras Ayuso e Illa resbalaban, en Catalunya han llegado (aunque no con la cantidad que se requería) mascarillas, guantes, tests de coronavirus y otros productos o aparatos médicos que necesitan imperiosamente hospitales y residencias. Sin hacer ruido, el Gobierno catalán ha salido adelante bastante bien. Suerte, todo sea dicho de paso, que se adelantaron a la compra centralizada que había decretado el Gobierno.
Pasan los días, las semanas y no se ve por ningún sitio qué ganancias procura haber optado por subordinar las comunidades autónomas en lugar de potenciar una sana y ejemplar cooperación institucional, como el gobierno federal alemán y sus länder.
Catalunya, gracias a la colaboración con la comunidad china de Barcelona y el cónsul chino en la ciudad, sí que ha hecho aterrizar aviones procedentes de China cargados de material sanitario. Sin hacer ruido han hecho un trabajo eficaz. No sólo en beneficio de la ciudadanía catalana, en beneficio de todo el mundo. Es justo remarcarlo, como es justo admitir las carencias en otros ámbitos. También ha sido Catalunya quien ha liderado la fabricación de respiradores, quien ha tomado decisiones pioneras que parecen inspiradas en la mejor tradición republicana, movilización de la industria para dar respuesta a las necesidades que se están generando. El Departamento de Economía ha sabido pulsar las teclas con oficio y con una discreción que se ha convertido en virtud.
La avalancha de información es exasperante. A falta de vacuna, el confinamiento ha sido la respuesta, una respuesta que también tiene algo de experimento sociológico frente a un pánico que se ha extendido como la pólvora. A menudo sin ponderar que cada día que se prorroga el confinamiento, la sacudida económica se va ensanchando. La principal herramienta que se ha decretado para combatir el Coronavirus, única y drástica, tiene unos efectos secundarios devastadores.
Porque hay una derivada que aflora cada día y que se extiende de manera más veloz que la misma enfermedad. Los 2.500 muertos en Catalunya van acompañados de decenas de miles de nuevos parados y de una reducción de los ingresos y de la actividad económica que amenaza con deteriorar todo el sistema público. El confinamiento es imprescindible, según los expertos, para parar la expansión de la epidemia. Pero al mismo tiempo es una medida con evidentes anticuerpos, claramente contraproducente para el bienestar colectivo. Y no ya a largo sino a corto plazo.
Ante la proliferación d'ERTO que baten récords y afiliaciones en la Seguridad Social que disminuyen, es imprescindible conjurarse para ofrecer una respuesta excepcional. Tal como preguntaba Gabriel Rufián en el Congreso, que el paro no compute estos días como tal, para garantizar que aquellos que han perdido el trabajo puedan disponer de margen para recuperarlo cuando las condiciones se lo permitan. Al mismo tiempo, es necesaria una renta de confinamiento, para no dejar a nadie atrás, como también apuntaba el de Santa Coloma, recogiendo la propuesta que había hecho el vicepresidente económico Pere Aragonès. Como también lo es permitir a las administraciones priorizar el gasto social y, por lo tanto, levantar el techo de déficit, enfrente de la actual regulación que impide a los ayuntamientos hacer uso del superávit mientras se les obliga a cumplir imperiosamente con la banca. Y esta decisión, también esta, depende exclusivamente del Gobierno. Veremos si los alcaldes del PSC de El Baix Llobregat, tan exigentes con una Generalitat que el Gobierno ha relegado a subalterna vía decreto, también lo serán para exigir hacer uso de los recursos municipales, empezando por sus mismos municipios. ¿O bien callarán disciplinadamente a pesar de la adversidad del momento? Es la hora de predicar con el ejemplo.
Pero sobre todo es imprescindible planificar la respuesta a la crisis económica y social que se irá acentuando en la medida en que se prolongue el confinamiento. Y tomar la decisión imprescindible tan pronto como sea posible, el fin del confinamiento y el retorno a la actividad, asumiendo que el riesgo cero no existe. Y teniendo presente que en defecto habría un punto de inflexión en que el remedio amenaza con ser peor que la enfermedad. No se puede oponer salud a economía, no vale. Están estrechamente ligadas. En la medida en que la una se debilite o se fortalezca acondicionará la fortaleza y la calidad de la otra.