Nadie protegió tanto al inquilino como el Dictador Franco, tanto que con el paso del tiempo creó situaciones manifiestamente injustas hasta desvirtuar el derecho de propiedad.

Si alguna etiqueta no se le puede colgar a Franco es la de liberal. Ni tan solo de cintura para abajo. Los biógrafos aseguran que no tenía ningún tipo de interés por el sexo. Hasta se había llegado a poner en duda su paternidad, aduciendo una presunta herida de guerra en el Rif.

Miguel Boyer —célebre Ministro de Felipe González— enmendó la legislación franquista del alquiler para corregir prerrogativas abusivas a favor del arrendatario. En la práctica se podía prorrogar indefinidamente el alquiler a favor del inquilino en condiciones gravosas para el propietario y muy favorables para el arrendatario. De hecho, el Gobierno de Felipe fue el más determinado a darle la vuelta a todo tipo de derechos. Era socialista pero solo nominalmente. En particular, beneficiando al empresario a costa del trabajador. Pero también reformando las pensiones o el subsidio de paro. Hasta cuatro huelgas generales le convocaron los sindicatos. Como Thatcher, Felipe sostuvo sus reformas con mano de hierro y contra la UGT, el sindicato hermano. Como Boyer, Felipe era un liberal de pies a cabeza y un feroz jacobino. Y nunca lo ha dejado de ser.

El Ministro Boyer dio el primer paso. Pero en 1994, el Gobierno felipista siguió por el mismo camino y remachó el clavo. Las reformas socialistas prosiguieron siempre recuperando prerrogativas a favor del propietario y siempre con la voluntad —o pretexto— de dinamizar el mercado de alquiler.

Los abusos y la nueva legislación llevaron a situaciones manifiestamente injustas, a alquileres abusivos y a los desahucios indiscriminados. Precisamente en este ámbito está donde se fogueó la actual alcaldesa de Barcelona y fue así que se produjo un posterior impulso de medidas, entre otros, de limitación del precio del alquiler para favorecer el acceso a una vivienda digna, en particular en las grandes ciudades.

Pero he aquí cuando ha operado la Ley del Péndulo, de un extremo a otro para corregir una injusticia que puede generar otras. Porque ahora también nos encontramos ante injustas problemáticas: que el alquiler de una vivienda pueda ser de riesgo para rentas modestas ante un impago que se eterniza y que a quien deja a la intemperie es al arrendador que cuanto más humilde, es menos margen y recursos tiene para defenderse y abordar la situación.

nos encontramos ante injustas problemáticas: que el alquiler de una vivienda pueda ser de riesgo para rentas modestas ante un impago que se eterniza y que a quien deja a la intemperie es al arrendador, que cuanto más humilde es, menos margen y recursos tiene para defenderse

Y es así que en los últimos tiempos también se han multiplicado los casos en que la parte claramente perjudicada es una clase media —a menudo modesta— que ha querido alquilar una segunda vivienda para, por ejemplo, complementar una pensión por debajo de los 1.000 euros. No para especular. Y que se ha encontrado ante un impago del inquilino que a menudo se resuelve más allá de un año, con minutas de abogados de por medio y quebraderos de cabeza de todo tipo para no ver ni olfatear los 700 euros (por ejemplo), antes de impuestos, 700 euros brutos con que se pensaba complementar la pensión o un salario modesto.

A veces, y para más inri, cuando la segunda vivienda es el fruto de una vida de esfuerzos y ahorro, la inversión de toda una vida laboral, precisamente ante la adversidad de una jubilación modesta porque se ha cotizado poco o porque las reformas en pensiones han sido claramente a la baja en perjuicio de quien ha cotizado religiosamente toda su vida.

¿Y qué les decimos a todos estos, a toda esta gente perjudicada ante un impago que se puede alargar hasta el agotamiento?

Me confesaba una afectada, una pensionista viuda, con evidente sentido del humor: "Ya solo me faltaría que cuando consiga recuperar el piso me monten un pollo por capitalista".

Cuidado con perder la perspectiva y con desproteger —aferrados al dogma— a aquellos que no son millonarios ni de casualidad y que tampoco han dejado de trabajar toda su vida, contribuyendo religiosamente al erario público y viviendo sin ningún lujo. Estos tampoco tienen que quedar desamparados y a merced de un abogado y un juez que Dios sabe lo que le cobrarán o cuándo decidirán y lo que decidirán.